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Por qué tanta complacencia del gobierno hacia la empresa de las fotomultas


Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que La tolerancia que ha mantenido el gobierno del estado (en particular la Secretaría de Planeación y Finanzas) hacia la empresa jalisciense Intecproof SA de CV, a la cual contrató la operación del programa monitoreo vial a través de 157 radares de velocidad, por un monto de 773.6 millones de pesos con IVA incluido, ya da qué pensar.

La empresa que ha incumplido de manera sistemática con las cláusulas del contrato de prestación de servicios —comenzando por el número de cámaras de detección de exceso de velocidad y de monitoreo de placas y alertas de vehículos involucrados en delitos que debían estar en funcionamiento— no ha conseguido en los 18 meses que lleva de operación, la meta de generar 380 mil fotomultas mensuales.

Sin embargo, tal situación no le ha impedido cobrar más 21 millones de pesos mes con mes, o ser penalizada en los términos de la cláusula décimo tercera del contrato.

La Secretaría de Planeación y Finanzas tampoco le ha hecho efectiva la póliza de garantía por incumplimiento, que es de 67 millones de pesos o el equivalente al 10% del monto del servicio convenido; ni le ha rescindido el contrato firmado el 30 de diciembre de 2019.

Inexplicablemente el gobierno estatal ha venido justificándola.

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La lucha para que Porfirio Loeza no despoje de una preparatoria a Tlatlauquitepec


Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que atrás de la impugnación al triunfo electoral de Porfirio Loeza Aguilar no solamente se manifiesta el malestar por la cuarta reelección de dicho personaje como alcalde de Tlatlauquitepec, sino también la defensa del principal bachillerato de este municipio, con más de cuatro décadas de existencia, que en los últimos 9 años ha habido múltiples intentos del edil de apoderarse a la mala de esta institución de educación media superior.

El fuerte anhelo que había en este municipio de la Sierra Norte de Puebla de evitar la reelección de Loeza –que ganó por un puñado de votos al candidato del PRI, Juan Manuel Téllez Salazar– tenía como telón de fondo la resistencia que maestros, alumnos y padres de familia han dado para evitar que el político morenovallista, ahora converso a militante de Morena, se adueñe de una escuela que nació con el propósito de ser una opción educativa a los adolescentes para evitar que migren o se queden rezagados en su enseñanza.

Desde enero de 2020 los maestros de este plantel sufren una permanente campaña de hostigamiento laboral para que abandonen el plantel y la Escuela Preparatoria por Cooperación Tlatlauqui se le pueda quedar al alcalde, quien estaría utilizando a tres prestanombres para aparentar que él es ajeno a la compra indebida de dicha institución.

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Fin al paraíso automotriz

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que el apretón fiscal que se prepara para el sector automotriz ya puso de uñas a las armadoras Volkswagen y AUDI, con sede en Puebla.

Y no es para menos. Por años gozaron de todo tipo de privilegios de los gobiernos federal, estatal y municipales, a cambio de prometer inversiones en dólares que muchas veces resultaban menores de la infraestructura que obligaban a construir a las autoridades para operar.

Ahí están los casos de Cuautlancingo y San José Chiapa.

Más de mil 200 millones de pesos se entregaron en tres años, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle a empresas alemanas, con el propósito de mantener empleos y cumplir con sus obligaciones con proveedoras.

Volkswagen y Audi, junto a los clusters de autopartes han gozado de canonjías, subsidios y demás: exención de impuestos, becas al trabajo, fondos federales y estatales para ampliaciones y hasta apoyos en hospedaje para altos directivos de las compañías.

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¿Desconectará también a MC?

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que el líder de Movimiento Ciudadano en Puebla, Fernando Morales, declaró hace unos días para el diario Intolerancia que Miguel Barbosa fue el primer gobernador de la historia que no metió las manos en un proceso electoral poblano.

Llama la atención lo dicho, viniendo de quien viene.

Y no me refiero necesariamente a que se trata de quien encabeza un partido de “oposición”, sino de su propio paso por la política local y sus relaciones con anteriores mandatarios.

De entrada, Morales acepta que, por ejemplo, su admiradísimo Moreno Valle lo hacía como práctica común en cada elección que le tocó operar como mandatario.

Pero de paso, con este reconocimiento, aunque no lo reconozca abiertamente, confirma la relación de complicidad que tejió con el hoy finado, en su papel de líder estatal del PRI, partido supuestamente opositor.

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Seguridad, la eterna promesa incumplida

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que la inseguridad en Puebla capital, como en el estado y en el resto del país cada día cobra nuevas víctimas y lejos de que las autoridades presenten estrategias efectivas para contener los homicidios dolosos, pareciera que sólo nos entregan falsas esperanzas.

El pasado 6 de junio cuando los capitalinos votamos por un cambio de rumbo, decidimos que las actuales autoridades municipales no nos brindan la seguridad que exigimos ni en las calles ni en el transporte público ni en nuestras casas.

No podría decirlo con exactitud pero tengo claro que el miedo y los índices de violencia que hoy tenemos en la capital –que están muy por encima del número de denuncias oficiales- iniciaron hace muchos años, en otros trienios, sin embargo, tras tres años de gestión no pueden lavarse las manos.

Fue esta administración municipal la que prometió un cambio y en ese cambio, claro está, la inseguridad era el primer reclamo. Una demanda que como ya se dijo no se ha logrado aminorar.

Es momento de que las autoridades electas comiencen a trabajar en los planes que deberán implementar desde el día uno de su gobierno.

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