Hace unos días, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, anunció que para septiembre próximo, la tan esperada propuesta de reforma fiscal del presidente será presentada ante el Congreso. Por lo que se ha anunciado, sabemos que el objetivo prioritario será acrecentar la recaudación, pero sin aumentar impuestos. Y que, para lograrlo, la propuesta contempla una doble estrategia:
Por un lado, concentrar esfuerzos de recaudación en los grandes contribuyentes para que paguen lo que tienen que pagar, es decir, garantizar que las grandes empresas paguen y se termine con los privilegios fiscales que, por años, han gozado. Y, por otro, facilitar el pago de impuestos a los pequeños y medianos contribuyentes.
En principio, considero que es muy positivo que esta administración termine por fin con este trato diferenciado a los grandes constribuyentes y que se vaya adoptando una visión más progresiva en materia de reacudación. Asimismo, creo que es pertinente hacer el compromiso explícito de erradicar la evasión y la elusión fiscal en este segmento. El documento presentado por el SAT señala que en lugar de pagar alrededor de 35 por ciento como dice la ley, la mayoría de las grandes empresas termina pagando un promedio de 6 por ciento de impuestos, lo cual es inaceptable.
La analista Viridiana Ríos (https://bit.ly/35zwFET), afirma que “los pocos datos que existen sobre elusión fiscal muestran que en México se eluden 8,300 millones de dólares anuales debido a abusos corporativos de la ley fiscal. Esto es, un 6 por ciento del total de la recaudación. Esta cantidad es enorme y coloca a México como el decimosegundo evasor fiscal más grande de 179 países. Las corporaciones mexicanas son responsables de 2.4 de cada 100 dólares eludidos en el mundo”.
Respecto a facilitar el pago de impuestos a los pequeños y medianos contribuyentes, coincido en que la medida es muy adecuada ya que podría incentivar la formalización de la economía. Si tomamos en cuenta que el 62 por ciento de las personas con actividad empresarial tiene ingresos inferiores a dos salarios mínimos, es obvio que resulta incosteable la contratación de un contador para hacer las declaraciones, situación que, al final, incentiva la evasión o, en el peor de los casos, la informalidad.
Sin embargo, considero que la propuesta se queda corta en función de las necesidades y problemas que enfrentamos como país. En palabras del subsecretario Yorio, “la reforma fiscal que se pretende impulsar —sin aumentar ni crear impuestos— podría dejar una recaudación extra de hasta tres puntos del Producto Interno Bruto para el final del sexenio”. Esto significa que con esta medida nos acercaremos al promedio de recaudación latinoamericano, pero seguiremos quedando muy por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Recordemos que en la mayoría de los países miembros de la OCDE, el ISR a grandes empresas llega a 50 por ciento o más, mientras que en México es de 35 por ciento. Y el IVA que se cobra, que aquí es de 16 por ciento, en otros países latinoamericanos como Chile alcanza 19 por ciento.
Si realmente queremos incrementar el gasto público e aumentar la inversión en servicios educativos, de salud, infraestructura y seguridad pública, es imperativo elevar o crear nuevos impuestos a partir de un enfoque progresivo en el que pague más quien más gana.
Asimismo, sería necesario ampliar la base tributable para que todos, sin excepción, contribuyan aportando recursos, ya sea a través de impuestos al salario y las ganancias, o bien a través de impuestos al consumo; siempre desde una perspectiva progresiva. En esta lógica, sería necesario generar mayores incentivos a la formalización laboral y sentar con ello las bases de un verdadero Estado de Bienestar. Otros mecanismos de recaudación como el impuesto a las herencias y a la riqueza, que se aplican en países desarrollados, solo serán viables hasta que logremos sentar una base tributaria sólida y recuperar los niveles de seguridad y Estado de Derecho.
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