América Latina: desigualdad galopante// PNUD: México, Chile y Brasil, a la cabeza// Diagnóstico de elites, lejos de ser positivo//
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que transcurre el tiempo, pasan los gobiernos, se repiten las políticas públicas que combaten la pobreza, pero lo cierto es que año tras año el de por sí tétrico balance social se deteriora cada vez más, algo que a la vista de muchos parecería normal, ya que a estas alturas se minimiza uno de los resultados más tétricos del régimen neoliberal, sea en México o en el resto del planeta: la profunda cuan creciente desigualdad, en la que América Latina y el Caribe ocupa la segunda posición mundial, sólo después del África Subsahariana.
Parecería que el mundo se ha acostumbrado a que, irremediablemente, dicho balance sea y se mantenga así, con todo y que los niveles actuales de desigualdad sean extraordinariamente altos desde una perspectiva global, en la que América Latina destaca, y no para bien, co-mo advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ayer divulgó su Informe Regional de Desarrollo Humano 2021.
El organismo especializado de la ONU aporta datos abrumadores sobre la de-sigualdad imperante en América Latina y el Caribe, y en uno de sus pasajes subraya que, en promedio, en la región, el 10 por ciento más rico concentra 49 por ciento de los ingresos nacionales, y el uno por ciento acapara 21 por ciento. En este contexto, las naciones latinoamericanas que ocupan las primeras posiciones son Chile (el ejemplo a seguir, que tanto presumían los neoliberales), México y Brasil (cuyos gobiernos también fueron implacables con sus profundas reformas de ese corte), que tienen la mayor concentración de ingresos en la región: el 10 por ciento más alto captó más de 57 por ciento de los ingresos nacionales y el uno por ciento más de 28 por ciento, en 2019. La concentración del ingreso en estos países es persistentemente alta y/o aumenta en el tiempo.
Consulta, que algo queda
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que son varias las contrariedades que enfrenta la consulta genérica sobre eventuales responsabilidades de políticos del pasado.
A treinta y ocho días de un ejercicio inédito, operativamente complicado y demandante de muchos recursos humanos y económicos, aún hay una gran carga de incertidumbre sobre ese proceso en sí y en cuanto a la factibilidad de cumplir con una decisión ciudadana que llegase a ordenar el “esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” (así reza el texto aprobado por la Corte).
La consulta, que ambiciosa pero impropiamente es promovida como si se centrara en buscar juicio a expresidentes de la República (cuando el universo alcanzable conforme a la pregunta oficial es amplísimo), requiere que el 40 por ciento de los facultados para elegir lo hagan. Es decir, 37.5% de ellos. En los comicios del pasado 6 de junio la participación ciudadana fue de 52.6%, para designar diputados federales.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Bache. Moody’s, una de las tres grandes compañías de calificación de crédito, reveló que no vislumbra un aumento de la inversión privada en el sector eléctrico mexicano en los próximos tres años, tras una serie de cambios al marco regulatorio que podrían afectar algunos contratos ya existentes. La polémica reforma a la LIE, que ha generado rechazo entre inversores, mientras opositores acusan que atenta contra la competencia y viola tratados internacionales, está congelada en tribunales y su aplicación está suspendida por el momento. A Moody’s tampoco le gustó la estrategia de la CFE, a cargo de Manuel Bartlett. “Conlleva riesgos financieros y de ejecución”, dicen en su reporte. ¿La incertidumbre tiene nombre, apellido y responsables?
2. Negativa. “Previo a la contienda electoral del 6 de junio, gente de todos los partidos políticos, incluido Morena, vino a Palacio Nacional a solicitarme perseguir penalmente a todos aquellos aspirantes a un puesto de elección popular que contaban con una investigación abierta en su contra y mi respuesta fue no”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso, reclamó, “se llegó a decir que di la orden de perseguir al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuando fueron las autoridades de Estados Unidos las que requirieron al gobierno de la República información sobre los movimientos financieros del político del Partido Acción Nacional”. Todo por los cauces legales y nos la llevamos en paz. Ilegal, nada.
3. No es de orgullo. El Séptimo Informe de Violencia Política de la consultora Etellekt destaca que durante todo el proceso electoral se registraron mil 66 agresiones contra políticos, con un saldo de 102 asesinados. El reporte da cuenta de que la violencia se extendió a todos los estados del país. El número total de agresiones se incrementó en 38% respecto del proceso electoral 2017-2018, aunque los ataques mortales disminuyeron. La violencia afectó mayoritariamente a opositores a los gobiernos estatales en el 75% de los casos, pero el 75% de los aspirantes y candidatos a puestos municipales agredidos eran, al mismo tiempo, opositores a los alcaldes en los mismos municipios en donde competían. Demasiado dolor en pos de la democracia.