En Puebla, quien someta, coaccione u obligue a una persona a recibir “terapias de conversión” para cambiar su orientación sexual podría ser condenado hasta a 12 años de prisión y pagar una multa de 358 mil 480 pesos, al tratarse de un delito contra la identidad de género.
Así lo propuso la diputada priista Rocío García Olmedo, quien busca adicionar la sección séptima denominada “Delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas” para incluir el artículo 229 sexies, en el libro segundo de delitos en particular, capítulo séptimo de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad del Código Penal del estado.
De acuerdo con la propuesta, se impondrán de dos a seis años de prisión, así como una multa de 89 mil 620 a 179 mil 240 pesos a quien obligue a otro a recibir una terapia de conversión, además de que este delito se perseguirá por querella.
Sin embargo, si la victima es un menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad, se aumentarán las sanciones al doble, es decir, el acusado podría pasar hasta 12 años en prisión y pagar una multa de 358 mil 480 pesos.
Lo anterior, porque las terapias de conversión son prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas o de otro tipo que emplean violencia física, moral o psicoemocional mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atentan contra la dignidad para buscar anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género.
CDMX y Edomex ya condenan delito
En su argumento, García Olmedo señaló que la Ciudad y el Estado de México ya tienen penado este delito contra la identidad de género en sus Códigos Penales, mientras que en Jalisco, la iniciativa se encuentra en la congeladora.
Por su parte, en Puebla, José Juan Espinosa Torres presentó una iniciativa en la materia en la actual legislatura y, posteriormente, el diputado Jonathan Collantes Cabañas hizo lo propio; el primero buscaba reformar los artículos 273, 274 y 275 del Código Penal, en tanto, el segundo presentó una iniciativa para adicionar un artículo 225 Ter a dicho Código.
La legisladora señaló que, aunque la comunidad científica ha reconocido que la homosexualidad no es una enfermedad, el odio sigue creciendo hacia las personas de este sector, pero en México no hay un registro oficial sobre los crímenes de odio por motivos de orientación sexual o identidad de género.
Por otra parte, resaltó que, de acuerdo con Christian Israel Huerta Solano, profesor del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el 8.4 por ciento de las personas que asisten a los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig) son más tendientes al suicidio; 5.9 por ciento, a la depresión; 3.4 por ciento, al uso de drogas ilegales y 3.4 por ciento a relaciones sexuales de alto riesgo.