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Cartas a Gracia

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, señalaría la conseja pública Gracia; refrán que saldría a colación merced al Boletín SEP no 98 (19-05- 21) publicado por la Dirección de Comunicación de la oficina educativa de la administración federal, mediante la nota cabeceada con la siguiente frase: “Garantiza Estrategia Nacional para el Regreso a Clases seguridad de las comunidades escolares del país”, y en el que daría a conocer, el documento rector que las interesadas y los interesados podemos consultar en el sitio https://bit.ly/3ypK67s

El boletín enfatizaría propósitos y, entre ellos, destacaría el de “disminuir en lo posible, los efectos de la pandemia”; reforzaría alianzas con otras y otros actores del quehacer educativo nacional “con un enfoque de corresponsabilidad”, e insistiría en la aplicación de una evaluación diagnóstica contextualizada. Adicionalmente, explicitaría sus alcances orientados a fortalecer los ámbitos académico y socioemocional y la superación de sus efectos, incluida la deserción escolar, el estrés y otras enfermedades “del alma”, lo mismo que “la pérdida de aprendizajes que la pandemia pudo haber generado”.

Remitiría al lector al documento -citado- Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica durante el Ciclo Escolar 2020-2021; escrito que plantearía como objetivo “proponer los principios y las acciones que conduzcan a reabrir las escuelas de forma gradual y escalonada con base en el comportamiento del Semáforo de Riesgo Epidémico”, instrumento del que la CDMX estaría exceptuada -por lo menos hasta ahora-, alineado Gracia, a “la Guía de Orientación para la Reapertura de las Escuelas ante Covid-19” y en el que se establece una ruta de regreso seguro a clases con base en la “instrumentación de nueve intervenciones y cinco momentos clave”.

Las añejas nueve intervenciones definidas en el Acuerdo número 12/06/20 “por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 […]” y en las que los dos titulares de la oficina educativa han insistido hasta el cansancio, pero que bien no se habrían materializado en el 99 por ciento de las instituciones escolares, son recurridas nuevamente con la finalidad de “asegurar el bienestar de la comunidad escolar” y, además, aludirían a diferentes incisos que establecidos en el Artículo Décimo Tercero del acuerdo mencionado Gracia: I) activación de los Comités Participativos de Salud Escolar; criticadas por asignarles responsabilidades propias de las autoridades educativas -incluidas quienes se encuentran al frente de las escuelas- al encargarles la sanitización y limpieza “tanto general como rutinaria”. Asimismo -y citado en el mismo párrafo- se establece que serían garantes de “promover los tres filtros de corresponsabilidad, […] medidas de higiene permanente; instalar la circulación en un solo sentido […] y generar en las escuelas las señalizaciones respectivas”; II) garantizar que las escuelas cuenten con suficiente agua y jabón, que, aunque se asuma mediante a las aportaciones “voluntarias” que entregarían madres o padres de familia, responsabilidad de la federación, gobiernos estatales y municipales; III) cuidar de maestras y maestros que se encuentren en grupos de riesgo, en el que se ubicarían a 2 de cada 5 maestros, según el SNTE y dos de cada tres de acuerdo a la CNTE y, en el que poco podrían hacer los CPSE; de responsabilidad personal, incluidos niñas, niños y adolescentes. El inciso marcado con el numeral IV) aludiría al “uso obligatorio de cubre bocas o pañuelos sobre nariz y boca; el inciso V) insistiría en la práctica cotidiana del distanciamiento social y en la toma de medidas administrativas ordenadas por las autoridades sanitarias y que recaen bajo la responsabilidad del personal docente y directivo, lo mismo que la maximización del uso de espacios abiertos estipulados en el inciso VI y VII (no a reuniones masivas); VIII) desarrollo de detección temprana y cierre de las escuelas involucradas, instancia bajo la batuta del personal directivo escolar y de sus jefes inmediatos, pero que no recaerían en madres y padres de familia integrantes de los CPSE y, de la misma manera, lo establecido en el inciso IX) “promover asistencia socio emocional a educandos y docentes”, acción que caería solamente en la gestión que pudieran hacer las y los miembros de los CPSE.

Las intervenciones mencionadas se realizarían en cinco momentos diferentes como reza el canon oficial a saber; las que con antelación prepararían el regreso a clase, las específicas de los días previos al regreso a las escuelas y las intervenciones que sé que se ejecutarían el primer día y la primera semana de clases, así como las que de manera permanente deberían adoptarse en lo que restaría del ciclo escolar.

En todo caso, la estrategia rumbo al “caminito de la escuela” que adopten las autoridades administrativas y las escolares, pasaría por una aduana difícil de sortear: la suficiencia presupuestal que requeriría la etapa voluntaria; fase cuya instrumentación implicaría recursos físicos y materiales adicionales, que fuesen entregados en tiempo y forma. De otra manera, no se entendería cómo una maestra o un maestro atendería a quienes regresan a los salones de clase y, al mismo tiempo, a quienes deciden tomar clases desde casa; dilema que se resolvería si las y los docentes fuesen capacitados para atender, en paralelo, a dos grupos de alumnas y alumnos y si contaran con el equipo de cómputo, plataformas y acceso a internet que les permitiera convertir los salones de clase en aulas de medios. El retorno voluntario, que se extiende al personal docente, implicaría la contratación de maestras y maestros sustitutos para quienes optaran por seguir laborando desde casa y la inversión gubernamental suficiente para continuar con el semáforo epidemiológico en verde que evite la suspensión de actividades escolares presenciales, como sucedería en Campeche y en Nayarit. No la tienen fácil Gracia; pues o la beben o la derraman y en ningún caso contarán con la aprobación social generalizada.

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