Cartas a Gracia
Las deficiencias en la infraestructura física provocarían que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación externara su rechazo al regreso a clases presenciales. Los argumentos que le servirían de referencia derivarían de la Encuesta Nacional sobre el Regreso a Clases Presenciales, que la organización levantaría en días previos al 20 del mes en curso, día en el que –señala- se habría aplicado a 18 063 docentes. El documento dedicaría un apartado a explicar la metodología que la sustentaría, justificando entre otras variables, que para la elección de la muestra “se utilizó la representatividad estadística:”, el tiempo y la forma de aplicación, los niveles que participarían, lo mismo que la divulgación realizada a través “de las representaciones de la CNTE en las 32 entidades del país”.
La Encuesta Nacional constaría de 15 preguntas organizadas en 4 rubros: datos personales de los participantes, situación sobre la salud de las y los trabajadores de la educación, condiciones de las escuelas y sus servicios, y por último, condiciones mínimas para un regreso seguro a clases presenciales, que sustentarían como conclusión lo contrario: no existirían condiciones para el regreso a los salones de clase. En una apartado de la publicación de los resultados explicitarían sus objetivos, fines, y el propósito de la aplicación de la encuesta, vinculados con la identificación de riegos a los que estarían expuestos los docentes, las condiciones en que se encuentran los planteles “después de suspender durante un año a causa de la pandemia” y en la situación en que se encuentra el país, para que finalmente y a “partir del contexto de cada región se generen propuestas que garanticen el cuidado sanitario de las comunidades educativas”.
La muestra, según explica el responsable de la publicación, se aplicaría a 18 063 docentes, quienes de manera voluntaria contestarían el cuestionario aplicado, aparentemente, bajo un formato digital. De ellos laborarían el 13.6 por ciento en preescolar, el 48.3 por ciento en primarias, el 19 por ciento en secundarias y el 9.1 por ciento en media superior; el resto para llegar al 100 por ciento, correspondería a quienes laboran en los niveles de inicial, superior, especial e indígena y que sumados alcanzarían el 9.6 por ciento faltante. El 72.5 por ciento del personal docente de referencia, prestaría sus servicios en las ciudades, el 58.3 por ciento en zonas estrictamente urbanas y el resto, el 14.2 por ciento, en lugares periféricos y depauperados clasificados como semiurbanos, pero definitivamente integrados a las grandes megalópolis y el resto, el 28.7 por ciento, correspondería a maestras y maestros que laboran en el campo, el 22.5 por ciento en el ámbito rural y el 6.2 por ciento en zonas indígenas. El 74.5 por ciento de los 18 mil y cacho encuestados, desempeñaría funciones docentes “frente a grupo”, el 7.2 por ciento laboraría como personal directivo, el 4 por ciento se realizaría funciones de apoyo, y el 1.9 por ciento lo haría en educación especial sin especificar actividad; el resto el 12.4 por ciento, estaría ocupado en otras actividades, o estar comisionados a actividades sindicales.
En cuanto a la salud y posibilidad de contagio, la encuesta presentaría resultados que permitirían adoptar diferentes medidas. El 12 por ciento se encontraría “en riesgo” por edad, al tratarse de personal que posiblemente estuviese en condiciones de jubilarse; el 22.1 por ciento y el 32.4 por ciento tendrían posibilidades de contagiarse tanto por edad como por formar parte de los grupos vulnerables; en tanto que el resto, el 33.5 por ciento, declararía estar exento de riesgo y contagio. La encuesta señala puntualmente que, “de acuerdo con la gráfica, 7 de cada 10 trabajadores de la educación se encuentra en la población de mayor riesgo de contagio Covid-19”. El 69.4 por ciento consideraría que existiría “riesgo de contagio durante el traslado hacia la escuela de la comunidad educativa”, en tanto que 12.2 por ciento consideraría que no y el 18.4 por ciento estaría incierto. Aunque el estudio señalaría que “en el cruce de datos, 7 de cada 10 trabajadores manifiesta tener riesgo de contagio durante el traslado a su centro de trabajo”, resaltarían “otros datos” en los que la CNTE destacaría las bajas por Covid 19 que afectarían a trabajadores de la educación, a pesar del cierre temprano de las escuelas (23 de marzo del 2020), y que permitirían especular que el personal docente no ha se ha recluido en casa, a pesar de las recomendaciones de los servicios de salud.
El rubro 3 de la encuesta referiría las “condiciones de las escuelas y sus servicios”; ceñidas, al parecer, a recomendaciones -oficiosas- vertidas por autoridades educativas y de salud, sin aclarar en todo caso si el número de maestros encuestados representaría a una escuela por cabeza. A pesar de lo anterior, los resultados -que podrían cuestionarse- serían los siguientes: el 21 por ciento contaría con aulas amplias, 42.5 por ciento tendría áreas abiertas para realizar las actividades al aire libre y 45.7 por ciento aulas techadas, aunque solo el 6 por ciento de los encuestados señalaría laborar en zonas indígenas, por lo que habría que considerar que un número muy importante de las suburbanas también se encuentran abandonadas. El estudio reportaría que el 83.4 por ciento de las escuelas contaría con sanitarios, 58.4 por ciento con agua potable y el 69.9 por ciento con drenaje; en cuanto a otros servicios, reportaría que el 84.4 por ciento de los planteles relataría con electricidad, y el 37.5 por ciento a teléfono, el 12.5 por ciento estaría equipado con computadoras y el 26.5 por ciento tendría acceso a internet.
Las conclusiones de la CNTE, puntualizadas en el rubro 4, retrasarían el regreso a clases presenciales -si bien fuera- hasta el inicio del ciclo escolar 2023-2024, al condicionarlas entre otras cuestiones: “a la vacunación de toda la población” y que al ritmo actual podría alargarse 30 meses más; al color verde del semáforo epidemiológico; a la dotación “mensual” de artículos de higiene, a la que habría que sumar la compra de 200 mil túneles de sanitización -número aproximado de escuelas oficiales de educación obligatoria-, agua potable en cada institución y contratar -se dice fácil- a más o menos 200 mil médicos, uno “por escuela”; invertir en la rehabilitación y construcción de “sanitarios necesarios en las escuelas” y de paso y si de pedir se tratara, con una relación maestro alumno, acorde a las recomendaciones en la materia. Pretenderían – podría interpretarse- la jubilación y/o pensión de los “trabajadores en situaciones vulnerables (enfermedades)”; querrían se “garantizara” el equipamiento de computadoras en los salones escolares y la conectividad en los planteles, lo mismo que planes -no señalan programas- híbridos, etc. Se pronuncian Gracia, por un regreso a “las aulas con nuestros alumnos; pero, de manera responsable.”
¿Sueños guajiros? No parecería. Tan solo se requeriría que la administración gubernamental destine al sector educativo el 8% del PIB mandatado por ley y que elabore un programa puntual que, en un plazo prudente, cumpliera las exigencias de quienes se desempeñan frente a grupo y que ahora se convierten en las razones de la CNTE.
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