Tras 20 años, México aceptó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) violación a garantías fundamentales al investigar la muerte de Digna Ochoa y Plácido, activista y abogada, por lo que reabrirá el caso con perspectiva de género.
Lo anterior, en audiencia pública celebrada el 26 y 27 de abril de 2021, en el marco del 141 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde la representación del Estado mexicano aceptó que se violó el derecho al acceso a la justicia, así como la honra y dignidad de la fallecida.
*De acuerdo con la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), la aceptación de responsabilidad se reflejará con la consecución de un Convenio de Reparación Integral.
Este proyecto será presentado a la representación de la familia de Ochoa y Plácido en días próximos. Incluirá doce líneas de acción de conformidad con el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Entre las acciones, está “una ruta para reabrir la investigación para determinar las causas que llevaron a la muerte de la defensora Ochoa y Plácido, la cual incluirá diligencias con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género bajo estándares internacionales, contando con la participación de la familia y la de su representación legal”.
¿Qué ocurrió el 19 de octubre de 2001?
Y es que cabe recordar que, el 19 de octubre de 2001, la defensora de campesinos y ambientalistas en Guerrero, de donde era oriunda, fue hallada muerta, con signos de violencia, en su departamento de la Ciudad de México.
Pese a los indicios de un presunto asesinato, la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México insistió en clasificar el caso como un suicidio y lo cerró.
En 2005, el cuerpo de Ochoa y Plácido fue exhumado para un nuevo peritaje. Dos años después, un testimonio señalaba al exacalde de Petatlán, Guerrero, Rogaciano Alba Álvarez, como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada. Esto, en represalia hacia la abogada por defender a campesinos contrarios a los intereses del exedil.
En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el caso a la Corte y recomendó abrirlo. Esto, debido a que halló múltiples evidencias contra la versión del suicidio y fallas en el expediente, como el mal manejo del cadáver, la escena del crimen y no incluir como líneas de investigación las amenazas y el secuestro previo que sufrió Ochoa y Plácido.
LPR