La organización Fundar recordó al proyecto minero La Espejera de la firma Frisco –propiedad de Carlos Slim— en Tetela de Ocampo, Puebla, como un caso emblemático del país en el que el derecho a la consulta indígena fue vulnerado, pues iniciaron sus trabajos sin siquiera informarles.
En el libro “La libre determinación de los pueblos indígenas en México. Experiencia y regulación”, de Naayeli E. Ramírez Espinosa y Daniel Cerqueira, con la colaboración de Oxfam, Fundación para el Debido Proceso y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, se puntualizó que en gran parte de los casos dichas consultas y actividades no son vinculantes, y las solicitudes y opiniones de las comunidades indígenas no son tomadas en cuenta, lo que resulta de manera práctica en la pérdida de todo derecho sobre el territorio.
Criticaron que en el caso particular de la minería ha sido constante la violación del derecho a la libre determinación en territorios indígenas, entre los que figura el proyecto minero La Espejera de Frisco en Tetela de Ocampo, Puebla que comenzó a trabajar en la exploración sin informar a los miembros de las comunidades cercanas ni consultarlos como lo obligaba la autorización de la Semarnat, según consta en el oficio SGPA/DGIRA/DG/07048 del 1 de octubre de 2013, aun sabiendo que la actividad afectaría directamente los principales manantiales de la zona.
Cabe mencionar que en octubre de 2015 venció el permiso ambiental otorgado a la empresa Frisco por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar actividades de exploración en Tetela de Ocampo, por lo que ya no podrá realizar actividades en la zona, sin embargo, en 2017 los pobladores acusaron que a través de Fundación Telmex, el magnate Carlos Slim buscaba retomar la minería en ese municipio poblano.
En el libro de Fundar, Oxfam y Fundación para el Debido Proceso, se señaló que en varios estados establecen expresamente en sus textos constitucionales una asimilación de los derechos de los pueblos indígenas a políticas sociales y derechos sociales como Puebla, Nayarit y Nuevo León, justificando así el actuar programático de las entidades federativas al garantizar estos derechos.
De acuerdo con los autores del libro, el exministro José Ramón Cossio Díaz, consideró que en México hay derechos que terminan siendo meros “derechos programáticos”, lo que ha llegado a ser una tradición nacional: el otorgar derechos que consisten en prestaciones materiales pero que no cuentan con los medios procesales para controlar su violación.