La Secretaría de Economía formalizó la eliminación de la subsecretaría de Minería, cuyas funciones pasarán a la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, así como la de direcciones generales adjuntas, en cumplimiento del decreto de austeridad de abril de 2020.
Este lunes, la dependencia federal, encabezada por Tatiana Clouthier Carrillo, dio a conocer los cambios en su estructura como parte del acatamiento de dicho ordenamiento:
Las acciones en materia de normatividad mercantil, normalización, competencia y competitividad serán ahora coordinadas por la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, permitiendo así una operación más eficaz en la consecución de los objetivos de la Secretaría de Economía.
Este cambio permitirá a la Subsecretaría de Industria y Comercio fortalecer la atención brindada al fomento de la política industrial e innovación que promueva el crecimiento, así como de aquellas acciones necesarias para el fortalecimiento de las cadenas productivas, de especial atención en el contexto económico vigente.
La Secretaría de Economía, a inicios de año, transfirió el Programa Microcréditos para el Bienestar a la Secretaría de Bienestar, respondiendo a una visión de atención integral de las poblaciones más vulnerables, por lo que desaparece la Coordinación de dicho programa.
En la Secretaría de Economía se continuará cumpliendo con las responsabilidades en materia de atención a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas por conducto de la Unidad de Desarrollo Productivo, que actualmente está operando el Programa de Créditos a la Palabra, creado tras la emergencia sanitaria ocasionada por la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19).
Se eliminan las direcciones generales adjuntas en cumplimiento a las disposiciones de austeridad del Ejecutivo Federal, y en las áreas relevantes en materia de operación de la secretaría se incluyen las coordinaciones que permitirán dar el seguimiento adecuado a las funciones de la misma.
Se hacen adecuaciones al marco jurídico y operacional de la Secretaría que derivó de una serie de reformas legislativas en el marco de la entrada en vigor del T-MEC, como fue la Ley de Infraestructura de la Calidad o la reforma en materia de fideicomisos públicos aprobada por el Congreso de la Unión en 2020.
LPR