Acusaciones de que los mandos de la SSP fueron para gente de Chiapas, corrupción y la protesta de policías que reclamaron aumento salarial, fueron algunas de los hechos que marcaron la gestión de Raciel López Salazar que terminó el pasado viernes al frente de la dependencia.
López Salazar fue presentado el 28 de febrero de 2020 sustituyendo a Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego de que días antes ocurrieron los homicidios de tres universitarios y un chofer de Uber en Santa Ana Xalmimilulco, junta auxiliar de Huejotzingo, situación que desató protestas estudiantiles.
En ese entonces, López Salazar sostuvo que Puebla concentraba en 10 municipios el 75 por ciento de la incidencia delictiva, siendo la capital el que más aportaba con 40 por ciento, por lo que se comprometió a hacer un programa integral en materia de prevención y acciones operativas con inteligencia.
Además, ofreció resultados a corto plazo y anunció la creación de estrategias específicas para cada zona, lo cual sería una vez que estudiara el atlas delictivo que había realizado el equipo de su antecesor.
En su momento, legisladores como el morenista Alejandro Carvajal Hidalgo criticó la designación, pues traía señalamientos de que durante su gestión como fiscal en Chiapas, de 2009 a 2018, como enriquecimiento ilícito, represión contra la protesta social y persecución a críticos del gobierno.
Por ello, el diputado exhortó al gobernador Miguel Barbosa Huerta que analizara dicho nombramiento, situación que no tuvo eco, pues el funcionario se mantuvo al frente de la dependencia hasta el viernes pasado, es decir, un año y casi dos meses.
Una de las principales quejas es que los mandos que llegaron a la SSP no tenían la preparación para esos cargos, pero debido a que era gente cercana al otrora titular, fueron acomodados conforme avanzaron las semanas.
Ingresos sin cursos de iniciación
También se señaló que el director de Jaime Padilla Barriento, que era director del Grupo de Operaciones Especiales, metió a su hijo al que solo conocían como “el Junior” sin haber concretado el curso de iniciación que es obligatorio para pertenecer a las fuerzas policiales.
Otro de los hechos que se dieron es que, en junio pasado, elementos de la Policía Estatal iniciaron una serie de manifestaciones en las que expusieron el incumplimiento de mejoras salariales y la falta de experiencia de los mandos, en su mayoría originarios de Chiapas, impuestos por López Salazar
La protesta tardó por lo menos tres días y fue hasta que acudió a la negociación Ardelio Vargas Fosado, quien fue titular de la dependencia en el sexenio de Rafael Moreno Valle y fungía en ese entonces como asesor en materia de seguridad en la actual administración, como se llegó a un acuerdo.
No obstante, semanas después al menos 12 elementos estatales acusaron que fueron “suspendidos” supuestamente por haber cometido faltas administrativas, pero ellos lo atribuyeron a que fue por haber iniciado el paro en exigencia de mejores condiciones laborales.
En septiembre, se difundió el video de un reo que supuestamente fue torturado y extorsionado para que no le pasara nada, y si bien la SSP informó que el hecho se iba a investigar, no se informó en qué concluyó, ni en qué penal fue.
En febrero de este año, hubo señalamientos de que un funcionario de la Dirección de Policía Procesal firmaba y autorizaba evaluaciones de riesgo y las vendía entre 30 y 50 mil pesos, las cuales servían para que un detenido, fueran considerado de baja peligrosidad obtuviera su libertad o tuviera otra media cautelar que no fuera la prisión.
CDH exhibe fiestas penitenciarias
A esto se suma que a finales del año pasado, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) emitió una recomendación al otrora titular de la SSP luego de que acreditó que en el penal de San Miguel se hacían fiestas entre los reos los fines de semana y a las internas las prostituían.
Aunque estos hechos fueron cometidos durante el último trimestre de 2019, cuando estaba a cargo Amézaga Ramírez, la investigación concluyó en diciembre pasado y por ello tuvo que aceptar el documento del organismo autónomo.
Tras la salida de López Salazar, Rogelio López Maya, quien se desempeñaba como secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue designado como encargado de despacho al frente de la dependencia.
López Maya fue titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración (INM) durante la administración de Vargas Fosado en la dependencia, en la gestión priista de Enrique Peña Nieto.
Asimismo, trascendió que Carla Morales Aguilar, quien ya ocupó un cargo dentro de la dependencia y es un perfil cercano a Vargas Fosado, podría ser nombrada como titular de la SSP, aunque no ha sido confirmado.
