El Grupo de Trabajadores en Digna Resistencia, despedido en 2015 durante el morenovallismo, pidió al gobierno estatal interceder ante el Tribunal de Arbitraje para que acepte la conciliación de 60 de ellos y resolver los conflictos laborales de manera más ágil.
Así lo señaló a Ángulo 7, Antonio Manzano Ramírez, en el marco del sexto aniversario del “Despido Injustificado de Trabajadores del Gobierno del Estado”, quien recordó que van 160 compañeros reinstalados, ya sea por haber ganado los juicios o por convenio.
En entrevista, manifestó que en total son 120 los extrabajadores que mantienen los litigios y de ellos, 60 están dispuestos a llegar a un acuerdo, ya que así se ahorraran recursos tanto el gobierno como ellos, pues ya no se dictarían sentencias.
Precisó que de este número hay 15 que manifestaron que no quieren tener relación con el gobierno, es decir, que no regresarán a trabajar, sino que solo buscan que les den lo que les corresponde por haber sido despedidos, ya que ahorita tendrían que estar jubilados.
Explicó que la Ley Federal del Trabajo establece que se puede llegar a una conciliación, sin embargo, dijo que las indicaciones que tienen los jurídicos es que se tiene que resolver los juicios, lo cual llevará aún tiempo y, a la vez, más recursos.
Comentó que otra de las peticiones es que se dé el pago de las indemnizaciones para los deudos de los compañeros que han fallecido, y que se agilicen su pensión a quienes les asista el derecho de acuerdo con la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep).
“Esto lo hacemos recordándoles que en su mayoría los compañeros atraviesan por una situación vulnerable porque son adultos mayores con enfermedades crónicas degenerativas, así como hay mujeres cabezas de familia sin servicios médicos”, asentó.
Se han reinstalado 160
Manzano Ramírez detalló que de los 160 trabajadores que han sido reinstalados, 50 fueron en 2018 tras un convenio firmado entre el sindicato y el gobierno estatal, mientras que otros 60 fueron al término de 2020, ya con las actuales autoridades, igual por acuerdo.
En tanto, los otros 50 son los que ganaron sus juicios laborales y laudos en los que se ordenó que les regresaran sus bases, así como sus derechos adquiridos durante sus años de trabajo, los cuales son de varias dependencias estatales, en las que están trabajando.
Precisó que, además, les tienen que pagar cierta cantidad, dependiendo de lo que el Tribunal de Arbitraje haya dictado en la sentencia, tras haber ganado los recursos laborales, aunque no precisó si ya se los dieron o no.
