Debido a el agua en Puebla sigue privatizada, la cantidad de entrega ha decrecido, más del 60 por ciento se pierde en fugas y los costos se han incrementado hasta en 500 por ciento, por ello, ASA presentó la propuesta Icela, pero fue ignorada por la actual legislatura.
Así lo acusó la Asamblea Social del Agua (ASA) en su “Diagnóstico del agua y saneamiento en Puebla”, en el marco del Día Mundial del Agua, donde señaló que presentó a la actual legislatura la Iniciativa Ciudadana Estatal de Ley del Agua (Icela), la cual se empezó a evaluar, pero repentinamente fue abandonada, sin dictamen ni notificación a la organización social.
La organización afirmó que hay miles de cortes de agua y drenaje ocasionados por las tarifas desproporcionadas y sin fundamento de Agua de Puebla que han quedado impunes, pese a que el vital líquido es fundamental y a pesar de la contingencia sanitaria por el Covid-19.
Denunció que en las colonias la cantidad de agua entregada ha decrecido, más del 60 por ciento se pierde en fugas pues no hay inversión para reparar la infraestructura, mientras que las plantas potabilizadoras han sido desmanteladas, mientras que otras están en ruinas.
Gasto en agua sube hasta 500%
Señaló que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gasto en términos de agua no puede exceder el 3 por ciento de los ingresos mensuales, sin embargo, después de la privatización, se incrementó en más del 500 por ciento, sin tomar en cuenta que se incrementó el gasto del agua embotellada, debido a las condiciones del agua que entrega la empresa, lo cual ha afectado la economía familiar.
Respecto a las plantas tratadoras de agua, no se ha construido la segunda etapa para cumplir con las condiciones de descarga que establece la clasificación del rio Atoyac, poniendo en riesgo la salud de la población que está expuesta a contraer enfermedades.
Pese a todas estas irregularidades, Soapap no ha supervisado el desempeño de Concesiones Integrales, quien no ha rendido informes públicos de verificar las condiciones de prestación de servicios.
ASA recordó que ya son siete años de la privatización del agua, luego de que a finales de 2012 se aprobó dicha legislación propuesta por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle.