La Secretaría de Gobernación federal (Segob) estableció que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben coordinarse para canalizar y atender de manera inmediata casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes a través del número de emergencia 911.
Lo anterior, en el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que este miércoles compartió con los titulares de sus 32 sistemas estatales, con el fin de que lo adapten a sus estados y coordinen acciones para proteger a este sector de la población.
El protocolo tiene el objetivo de enfrentar las 637 mil 298 llamadas de emergencia al 9-1-1 registradas por violencia familiar entre enero y noviembre 2020
De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), se busca que las autoridades locales intervengan con medidas adecuadas de protección que garantice los derechos de la población entre 0 y 17 años ante la violencia psicológica, física y sexual que la afectan.
Podrán pedir ayuda al 9-1-1
Subrayó que el servicio de emergencia 9-1-1 es un mecanismo amigable y de reacción inmediata, con personal capacitado para atender urgencias, en el que niñas, niños y adolescentes que sufren violencia pidan ayuda, denuncien hechos y se les brinde auxilio.
El protocolo impulsa la coordinación para que al lugar de los hechos lleguen autoridades de los tres niveles de gobierno según sea el caso (Guardia Nacional, policías estatales y municipales, procuradurías de protección, servicios de salud, educación).
También indica brindar apoyo telefónico o presencial de psicología y salud mental; se contacte a la policía cibernética en casos de violencia o delito digital, así como a las o los ministerios públicos.
La dependencia aclaró que el protocolo coordina esfuerzos de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, pero no sustituye la obligación y responsabilidad de cada autoridad para desarrollar sus propios procedimientos internos dirigidos a proteger a niñas, niños y adolescentes frente a la violencia, en el ámbito de sus competencias.