Guardia nacional financiera en ciernes // Delincuentes de cuello blanco en la mira
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que no es el único, desde luego, pero en la comunidad de naciones, México destaca por ser uno de los países en los que prácticamente todos los delitos de cuello blanco quedan impunes y, más allá de que el grueso de ellos no se investiga, en no pocos casos se llegaron a presumir como símbolo de la modernidad, grandes logros empresariales, muestra de las mejores estrategias de negocios e, incluso, resultado de la confianza que genera el gobierno en turno, el cual, dicho sea de paso, solía ser promotor y socio de los delincuentes.
Por ejemplo, no es gratuito que, al menos desde tiempos de Ernesto Zedillo, el sistema financiero que opera en México ocupe el primer lugar en lavado de dinero proveniente del crimen organizado (desde 1996, el Departamento estadunidense de Estado le ha dado esa calificación y el cálculo ronda 30 mil millones de dólares anuales) en el hemisferio occidental, ni que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advierta reiteradamente que tal sistema es vulnerable al lavado de dinero asociado al narcotráfico; la complejidad de esa práctica ha aumentado, así como la influencia de las organizaciones delictivas para ampliar y desarrollar nuevos métodos para lavar sus ganancias ilícitas, incluso mediante vínculos con grupos criminales basados en otros países. Con esta riqueza, los blanqueadores de capital adquieren más fácilmente la aceptación social y la protección política, haciendo más difíciles la detección e investigación. El poder económico de las organizaciones criminales les ayuda a seguir en funcionamiento y socava al buen gobierno y la autoridad del Estado.
En efecto, a lo largo de los años la otrora Procuraduría General de la República nada hizo (salvo garantizar impunidad a los bandidos y, de paso, ser su socio) para combatir los delitos de cuello blanco; la Secretaría de Hacienda, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, sólo fue tapadera y, el de por sí defectuoso, aparato de procuración de justicia prácticamente desplegaba sus tarifas en lugares visibles. Al lavado de dinero en el sistema financiero que opera en el país se suman todo tipo de negocios que entran en la citada clasificación. Con el cambio de régimen, por primera vez desde su creación –hace casi dos décadas–- la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no sólo hace lo que la ley le mandata, sino que da resultados concretos mientras la oscura PGR pasó a retiro y en su lugar se instituyó la Fiscalía General de la República –lenta, pero segura–. Lamentablemente, el aparato de procuración de justicia se mantiene intocado, de tal forma que la puerta de la impunidad sigue abierta.
Uf: ganar tiempo para replantear
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el temido Día Internacional de la Mujer fluyó en México sin incidentes notablemente mayores o distintos a lo previsible, según lo reportado oficialmente a la hora de cerrar esta columna (a las 20 horas).
Violencia hubo, gasolina y fuego contra mujeres policías, detenciones policiacas arbitrarias, encapsulamiento de manifestantes (lo cual hizo recordar lo sucedido el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto en 2012), uso de gases disuasivos, derribamiento de vallas metálicas e incluso alarma por la presencia de presuntos francotiradores en lo alto de Palacio Nacional que luego se explicó activaban rifles para descontrolar y anular el vuelo de drones sobre la sede del poder presidencial.
Pero, a fin de cuentas, no se produjo ningún acto mayúsculo de violencia política, en el contexto de lo que se ha vivido en ocasiones anteriores y lo cual no significa que no hubiera reprobables actos de violencia cometidos desde ambos bandos. Es decir, la búsqueda de sangre relacionada con lo político no se produjo, como temía Palacio Nacional.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que . Los costos políticos. Justo en el Día Internacional de la Mujer, y mientras Morena baraja la posibilidad de sostener como candidato a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, una de las militantes del partido, Estefanía Veloz, renunció al partido. Hizo pública la carta que envió al líder nacional, Mario Delgado, y la acompañó de un mensaje: precisó que su renuncia fue “en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído”. Consideró que “los principios de no robar, no mentir y no traicionar la pueblo se han quedado cortos en ser la brújula de la organización que fue impulsada por la esperanza de una sociedad justa y un gobierno al servicio de la gente”. La candidatura que pretenden defender, dijo, “contradice totalmente la lucha social que le dio origen a Morena”. ¿Cuántas más, don Félix, cuántas más?
2. Quejas. La Secretaría de Salud de Nuevo León denunció que la Federación está enviando vacunas anticovid en mal estado y esta situación se ha presentado también en otras entidades como Tamaulipas, Jalisco y Michoacán. Manuel de la O Cavazos, el funcionario estatal, indicó que recibió el domingo un lote de 4 mil 680 dosis que no cumplían con las especificaciones de conservación. Informó del arribó de un cargamento de 33 mil 480 vacunas Sinovac y entre esas venía un lote en hieleras que no tenía la temperatura adecuada de refrigeración. “Otras vacunas venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada”, señaló. Detalló que las casi 5 mil vacunas en mal estado se devolvieron a la Federación. ¿Y qué hace la entidad por solventar los problemas, sólo levantar la voz y sacudirse la responsabilidad? Qué fácil.
3. Por una ley justa. Con el voto en favor de la mayoría de las fuerzas políticas y la abstención del PRI, las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron castigar el uso político de la Fiscalía General de la República, pues se removerá al personal que desarrolle investigaciones sin sustento jurídico o que filtre información que obre en carpetas de investigación o sea parte de un proceso penal. A propuesta del panista Damián Zepeda, la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, cuyo titular es Alejandro Gertz, avalada por la mayoría esta tarde, incluyó que los servidores públicos de la Fiscalía serán removidos de sus puestos cuando ejecuten “actos de violencia no justificada”. ¿Se acabarán entonces las órdenes de aprehensión dictadas con el hígado partidista? Enhorabuena.
