La Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales para que los agentes del Ministerio Público en las entidades estén obligados a constatar indicios de feminicidio en toda muerte violenta de una mujer.
Lo anterior, en sesión de este lunes, donde el dictamen fue avalado por acuerdo de todas las fracciones políticas con 436 votos a favor y sólo uno en contra proveniente de la diputada morenista Ángeles Huerta.
Con la reforma, se busca evitar que las autoridades locales se nieguen a tipificar delitos como feminicidios o los clasifiquen a priori como asesinatos o suicidios.
Ahora, los agentes de los Ministerios Públicos deberán considerar razones de género, como antecedentes de violencia familiar, laboral, comunitaria, política o escolar, parentesco entre agresor y víctima, o relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza, entre otras.
También se tomará como evidencia la relación de desigualdad o abuso entre el agresor y la víctima, así como la existencia de amenazas directas o indirectas.
En tanto, las penas por el delito de feminicidio subirán 30 por ciento si quien comete feminicidio droga a su víctima para dejarla inconsciente, y 50 por ciento si el asesino es un servidor público relacionado con la impartición de justicia.