En diciembre de 2013, Guillermo Jenkins de Landa, hijo primogénito de Guillermo Jenkins Anstead, advirtió que el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) podría correr peligro de privatizarse por miembros del Consejo Directivo. Frente a tal denuncia, ni las autoridades estatales ni las federales tomaron cartas en el asunto. Solamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revocó la autorización para que la Fundación Mary Street Jenkins recibiera donativos deducibles del impuesto sobre la renta en 2015 (Vid. Emilio Guerra, “aun en el limbo, resolución respecto a la Fundación Mary Street Jenkins” (en 7 minutos de lectura, 11 de septiembre de 2017). Empero, poco a poco fueron saliendo a la luz datos y documentos que muestran que en efecto algunos miembros de la Fundación Jenkins estaban realizando maniobras para usufructuar el patrimonio de la misma (Ibid.).
Ahora bien, como es del conocimiento público, hace unos días un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de varios integrantes de la familia Jenkins de Landa, acusados de despojar a la Fundación Mary Street Jenkins de un patrimonio que supera los 14 mil millones de pesos. Los imputados del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita son Roberto Jenkins de Landa y sus hermanos María Elodia, Margarita y Juan Carlos, así como la madre de éstos, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Juan Guillermo Eustace Jenkins y otros cómplices (Vid. Milenio, nota de José Antonio Berlmont, 1 de marzo de 2021)-
De acuerdo a las indagaciones de la Fiscalía General de la República, los imputados realizaron una donación simulada de la Fundación Mary Street Jenkins en favor de Fundación Bienestar de Filantropía, institución que también es controlada por la familia Jenkins de Landa. Enseguida realizaron diversas operaciones en Puebla, Aguascalientes, así como en los paraísos fiscales Barbados y Panamá, a fin de “lavar” los recursos obtenidos. La familia Jenkins de Landa pretendió ser beneficiaria de los bienes que pertenecían a la Fundación Mary Street Jenkins, sin embargo, los mismos ya fueron asegurados por la Fiscalía General de la República (Milenio, Ibid).
Nos preguntamos en voz alta: ¿ya habrá sonado la hora de los herederos de William Jenkins, quien desde la segunda década del siglo pasado se distinguió por sus tropelías, contando con el apoyo de Maximino Ávila Camacho? Una de esas tropelías fue su autosecuestro en 1919, que estuvo a punto de enrarecer las relaciones de México con los Estados Unidos. En su libro En su libro “Bases Históricas para una biografía de William O. Jenkins”, publicado por la BUAP en 2001, la historiadora Teresa Bonilla nos presenta una amplia y bien documentada semblanza del fundador de la dinastía Jenkins en Puebla.
El historiador Rigoberto Cordero y Bernal, en su magnífico libro Maximino Ávila Camacho, el ejercicio absoluto del Poder (2012), nos recuerda que sí existieron intentos de frenar la voracidad de Jenkins. Basándose en el Tomo 8 de La Verdadera Historia de la Revolución Mexicana, de Alfonso Taracena, señala que el 14 de septiembre de 1934, la Procuraduría General de la República ordenó la consignación de William O. Jenkins, “por fraude al fisco”. El texto de Taracena dice lo siguiente: “Consígnase a la Procuraduría al excónsul William Jenkins, porque utilizaba incluso los sobres oficiales del Consulado de Estados Unidos para realizar considerable fraude al fisco, disponiendo de una organización vasta y perfecta que revela extraordinarias capacidades delictuosas. La Secretaría de Hacienda, por instrucciones presidenciales, está dispuesta a obrar con energía en esta ocasión” (pág. 208).
Tal intento resultó fallido: las influencias de William O. Jenkins impidieron que el gobierno consumara su aprehensión.
En esta ocasión, ¿logrará el gobierno de la 4T frenar las corruptelas del clan Jenkins?
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