Testigos colaboradores: legal, pero injusto // Todos trepan al carro de los arrepentidos // Rosario Robles y Alonso Ancira se doblan
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que nadie les quitará su bien ganada condición de ladrones, de depredadores, pero la justicia les abre una puerta: devuelvan lo que se robaron (al menos lo que les han descubierto, porque en la oscuridad el inventario debe ser mucho mayor) y cómodamente se van a sus respectivas casas en calidad de testigos colaboradores, tal cual lo hizo el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, con la condición de que revelen otras operaciones ilícitas cometidas por políticos, empresarios y asociados.
Lozoya sentó precedente, y a la vista de que no le ha ido mal, otros ex funcionarios y empresarios mafiosi se suben al carro y dicen estar dispuestos a cantar como la Caballé, siempre y cuando les garanticen el feliz retorno a sus respectivos hogares, en una práctica que tiene muy poco de justa, aunque, guste o no, es legal y lo es (Ley Federal de Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, en vigor desde el 5 de diciembre de 2012) gracias a las modificaciones promovidas por otros integrantes de la misma banda de depredadores, que operan desde tres empresas privadas disfrazadas de partidos políticos (PAN, PRI y PRD). Pero el chiste de todo esto es robar y que no los cachen, y si esto último sucede, pues simplemente devuelven lo que atracaron (lo que les encuentren) y, ya librados, de nueva cuenta a la calle para seguir robando.
¿Qué dice esa ley?: Testigo colaborador es la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos. Podrá ser testigo colaborador aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad.
¿No se preocupen, grandes corruptos?
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que al menos en el esbozo formalmente registrado ayer entre un juez federal y una agente del Ministerio Público Federal, hay una negociación en curso para que Rosario Robles Berlanga, única exsecretaria del gabinete peñista en prisión, pueda reconocer culpas, obtener penas disminuidas y obtener una libertad condicionada si sus aportaciones a castigos a sus superiores fueran consolidadas. Tienen cinco días hábiles los negociantes para presentar sus propuestas al juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos.
De aprobarse la citada negociación, y en un horizonte distante de lo meramente jurídico, hasta de manera gráfica se disminuiría la percepción colectiva de que realmente se intenta y se puede lograr un tipo de justicia verdadera, ejemplar, de formación cívica y pedagogía social.
Robles ha sido un caso especial, se ha reiterado aquí, en el que además de su muy probable responsabilidad en actos de saqueo maquinado y pandilleril de recursos públicos contó con la animadversión acumulada por sus actos hostiles al obradorismo, sobre todo los videoescándalos aportados por su pareja Carlos Ahumada contra René Bejarano y AMLO. Proceso judicial y cárcel fueron revancha anunciada en este sexenio.
El juez que regañó a la FGR
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que el sorpresivo anuncio de que Rosario Robles Berlanga decidió declararse “culpable” del delito de omisión del que la acusa la Fiscalía General de la República, por los desvíos millonarios de la Estafa Maestra, representa un giro total en la estrategia de defensa de la exsecretaria peñista. Al aceptar su culpabilidad, Rosario tendría derecho a un “proceso abreviado” en el que el juez que lleva el caso le dicte a la brevedad una sentencia que, según el Código Penal, por la conducta omisiva que le imputan sería de un máximo de tres años y con el beneficio de reducción de pena, por su confesión, quedaría en un año y medio, tiempo que ya cumplió en prisión, por lo que tendría que ser liberada en cuanto le den sentencia.
Y es que, aunque Rosario le ofreció a la FGR declarar y dar información sobre quién y cómo ordenaron realizar los desvíos por 5 mil millones de pesos de Sedesol y Sedatu, para tratar de obtener el “criterio de oportunidad” y convertirse en “testigo protegido” para acusar a otros exfuncionarios del sexenio de Peña Nieto, nadie de la Fiscalía, ni la MP federal que lleva el caso, Mónica Martell Olguín, se presentó nunca a tomarle declaración o a escuchar la información y los datos que Robles Berlanga ofreció entregar desde el 25 de noviembre de 2020.
Por más de dos meses y medio ni Rosario ni sus abogados, que presentaron una solicitud formal para buscar el “criterio de oportunidad”, tuvieron noticias de la Fiscalía y nadie acudió al Penal de Santa Martha o solicitó una visita para ver y hablar a la acusada. La extraña apatía e inacción de la FGR motivó incluso que en la audiencia de ayer el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos hiciera un reclamo fuerte, en tono de regaño, a la MP Mónica Martell, cuando esta dijo a nombre de la Fiscalía que estaban interesados en llegar a un acuerdo y negociar con la acusada.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Salud social. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció contra la postura del senador Ricardo Monreal de regular las redes sociales, pues, insistió, deben brindar libertad a los usuarios. Monreal había planteado esta iniciativa, sin embargo, decidió retrasar su registro ante comisiones. “Soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada, ‘que la prensa se regule con la prensa’”, comentó. La negativa del Presidente a regular las redes data de enero pasado, cuando se mostró en contra de que Facebook decidiera suspender la cuenta de Donald Trump. “No acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos”, insistió. Tomen nota: ya saben de qué lado… estar.
2. ¿Perdón y olvido? La Fiscalía General de la República, anunció que llegará a un acuerdo con Rosario Robles, extitular de la Sedatu, para dar una solución anticipada al señalamiento de ejercicio indebido del servicio público que pesa en su contra por no denunciar un presunto desvío de más de 5 mil millones de dólares. El anuncio lo formuló el Ministerio Público federal durante la diligencia en la que se formalizaría la imputación en contra de Robles. Sin embargo, Mónica Martell, agente del MP federal, hizo saber al juez de control que se encuentra en posibilidad de aplicar alguno de los medios alternativos que den por terminada la causa penal, como el procedimiento abreviado, luego de haber iniciado un acercamiento con la defensa de la indiciada. ¿Se abrirán nuevos caminos para la justicia?
3. Cuestión de género. Mujeres diputadas de Morena exigieron que no haya impunidad en el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato por su partido a la gubernatura de Guerrero, acusado de abuso sexual, por lo que hicieron un llamado a la Fiscalía estatal a que realice una exhaustiva investigación para aclarar y, en su caso, fincar responsabilidades por las omisiones en la integración de las carpetas de investigación. Las diputadas Lorena Villavicencio, Laura Imelda Pérez, Wendy Briceño y Rocío del Pilar Villarauz calificaron de preocupante e indignante que, no obstante que existen acusaciones y denuncias documentadas, no haya una pesquisa seria, debidamente sustentada que determine la procedencia o no de la acción penal en contra del político. Seriedad. El tema no es divertido.