El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó una multa de 57 millones 192 mil pesos que la SFP impuso a un exdelegado de la Sagarpa, hoy Sader, por anomalías en la operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf) en 2016.
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), las irregularidades fueron detectadas en una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
El órgano determinó que se había realizado una dispersión indebida de recursos a beneficiarios del Pimaf, cuyo objetivo era otorgar apoyos a pequeños productores de maíz y frijol, ya que no se contaba con los expedientes correctamente integrados y no se cumplía con los requisitos establecidos en la reglas de operación del programa.
Las irregularidades constituyen un uso indebido de funciones, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos.
Por tal razón, el OIC en Sader le impuso al exfuncionario, en diciembre de 2019, una inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un plazo de diez años y una multa resarcitoria por 57 millones 192 mil pesos.
En 2020 la persona sancionada inició un juicio de nulidad ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del TFJA. Sin embargo, dicha instancia concedió la razón a la SFP, al reconocer la validez de la sanción y emitir la sentencia definitiva.
