Tras la suspensión de cuentas en Twitter, entre ellas las de simpatizantes del gobierno, el senador Ricardo Monreal Ávlila, coordinador de Morena, alista una iniciativa para regular a este tipo de compañías; en tanto, Olga Sanchez Cordero, titular de Segob, formó un equipo de análisis.
Este lunes, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) reveló que ordenó a la Unidad de Normatividad de Medios, a cargo de Roberto Duque, que haga un estudio sobre la posibilidad de regular las redes sociales.
“Cuando menos en algún tipo de reflexión y sobre todo analizar el contexto mundial sobre la regulación o no de estas redes sociales y qué países han avanzado, qué países tienen una regulación, hacer un estudio comparativo de diversos derechos (…) y cómo podemos o no avanzar en algún tipo”, estalló durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, que ella preside en representación del presidente.
Sobre la iniciativa de Monreal Ávila, indicó que le gustaría conocer para determinar si la respalda, pero reiteró que por el momento la Segob ya estudia la posibilidad, pues está a favor de regular las redes sociales para “defender la libertad de expresión” respecto de los derechos de un tercero.
“Hay algún contexto en donde tú tienes que ver y ponderar siempre, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la movilidad de algunas personas; es decir, siempre -y eso es lo que hace un tribunal constitucional- siempre pondera derechos”, expuso la también ministra en retiro.
Redes ejercen poder sobre libertad: Monreal
Por su parte, Monreal Ávila expuso este fin de semana, a través de Twitter, que busca abrir el debate sobre la regulación de las redes sociales mediante la presentación de su iniciativa ante el Senado.
Sostuvo que las plataformas digitales ejercen “un poder específico sobre y a través de la libertad de expresión, puesto que por medio de sus políticas de privacidad pueden suspender o eliminar cuentas y contenidos de manera unilateral”.
En este sentido, sostuvo que la protección del derecho a la libertad de expresión no debe quedar en manos de empresas privadas.