La historia de Cristina, cuyo hijo Daniel Pérez Domínguez, de 29 años, desapareció hace más de un año, es similar a la de otros casos: la Fiscalía General del Estado (FGE) poco avanza en la investigación y, pese a tener pruebas, no actúa; “llevo un año suplicando a autoridades”.
En la colonia Galaxia La Calera, el 23 de noviembre de 2019, Daniel se comunicó con su mamá, Cristina, para decirle que esa noche iría a un karaoke con un amigo, pero al siguiente día, sábado, le volvería a llamar temprano para ponerse de acuerdo en verse.
El joven de entonces 28 años era casado y se encontraba buscando trabajo como chef, profesión que no pudo terminar, pero ejercía. Incluso, contó Cristina, ella montó una pizzería que su hijo manejó hasta que, a causa de la reconstrucción de una avenida en Jardines de San Manuel, tuvieron que cerrar.
“De repente, iba con conocidos a banquetes, pero casi no salía de su casa, me avisaba cuando salía o si andaba en calle”, dice desconcertada, en entrevista con Ángulo 7, pues es la fecha en que no encuentra respuesta a su desaparición.
El 24 de noviembre de hace dos años, Cristina no recibió la llamada que su hijo prometió, así que decidió contactarlo, mas no obtuvo éxito. Una sobrina de ella se dio cuenta de que Daniel aparecía en línea en Whatsapp y le preguntó el porqué no atendía el teléfono; el argumento, enviado por mensaje, fue que iba en carretera, con la pila baja, pero cuando encontrara carga, se comunicaría.
Aquella fue la última interlocución que tuvieron con Daniel, aunque Cristina parece dudar de que haya sido su hijo quien dio esa contestación. Las llamadas fueron continuas, al igual que las respuestas, nulas. Así pasó aquel domingo, hasta que el lunes, llegó un mensaje en el que advertían que el joven había sido víctima de secuestro a manos de un cartel choncho con presencia a nivel nacional.
Fue así que decidieron levantar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde el caso fue asignado al Ministerio Público, Omar Zacarías, quien aún continúa al frente del expediente, no así los agentes investigadores, ya que suman cuatro los que han desfilado en la carpeta sobre la desaparición de Daniel.
Tampoco hay apoyo de Seido ni de Comisión
“De todos modos no tengo respuesta de nadie. Tengo más de una semana de tratar de contactarme con la agente investigadora y ni me conteste ni manda mensajes”, señala Cristiana, a la vez que lamenta que Omar Zacarías tampoco le devuelve las llamadas o cumple con su promesa de contactarla.
“Llevo un año suplicando a las leyes que hagan algo para encontrar a tanto desaparecido, como mi hijo”, señala a la vez que recuerda que también ha tenido acercamiento con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien la dirigió con la Comisión de Búsqueda de Personas, a cargo de María del Carmen Carabarin Trujillo.
Pero dicha comisión subordinada a la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal también le ha quedado a deber, pues Cristina ni siquiera ha sido recibida por la titular, sino que, una ocasión, la atendió una supervisora que sólo le dijo que “no podían hacer mucho por ella”, ya que, el rastreo del teléfono de su hijo, arrojó que su última ubicación fue en Querétaro y, que lo único que estaba en manos de la comisión era pedir colaboraciones con aquel estado.
Como el mensaje que recibieron familiares de Daniel apuntaba a un asunto del narco, contó Cristina, se dirigió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), donde también le dieron la espalda, y decidieron regresarla a la FGE, para toparse con pared.
Para Cristina, han sido 14 meses viviendo un infierno, “no hay vida, vivimos con incertidumbre todos los días de no saber de ellos ni dónde están”. El llamado, que las autoridades se pongan sus zapatos, y cumplan con su función.
“Nuestros hijos están desaparecidos y no sabemos dónde están, si vivos o muertos. Es una tortura”.
