Vacuna: gratis y suficiente para todos // Sicariato mediático: duro que dale
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que un día sí y el siguiente también, el sicariato mediático divulga la mala nueva de que el gobierno mexicano no tiene recursos económicos ni forma de allegárselos para pagar las vacunas que requieren (gratuitas, por cierto) los cerca de 130 millones de habitantes de esta heroica República. No se cansa, y a cada explicación oficial sobre los dineros, abasto y logística para lograr tal objetivo corresponde otra andanada de mentiras.
El problema no es saber quién se cansa primero, sino que algunos sectores de la sociedad creen a pies juntillas la cantidad de barbaridades que circulan, que son muchas, y que sólo pretenden desinformar, desorientar, provocar miedo, odio y división, y llevar agua al molino político de los opositores, en una práctica verdaderamente deleznable, especialmente en tiempos de pandemia.
Por ello –aunque lo detallan prácticamente todos los días–, los funcionarios responsables del pago, abasto y logística de las vacunas insisten en que cada uno de los cerca de 130 millones de mexicanos contará con el biológico en tiempo y forma y, desde luego, de forma gratuita. Pero parece que no hay forma de que el sicariato mediático le baje dos rayitas a su campaña desinformadora.
Usar a Biden para “ajustar” a AMLO
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que entre el aturdimiento escenográfico del cambio de modelo cuatrianual en el timón de Estados Unidos, con el siempre moldeable Joe Biden puesto como evidente, casi obligada, contraposición provisional ante la insania personal y grupal de Donald Trump, los grupos mexicanos de élite empresarial y partidistas que no han encontrado manera eficaz de nuclear y potenciar un movimiento fuerte contra el presidente Andrés Manuel López Obrador han decidido asociar su suerte mediática y discursiva en lo inmediato, con expectativas electorales en los comicios intermedios del año en curso y los presidenciales de 2024, al recorrido correctivo y de reglobalización de los tripulantes del personaje de plastilina política apellidado Biden.
La “Operación Contraste” ya está en curso. Plumas y opinantes de sabida adhesión a los poderes desplazados o semidesplazados por el obradorismo mantienen una campaña de señalamiento de las presuntas bondades discursivas y operativas de Biden, justamente para señalar como todo lo contrario lo que hasta ahora ha ido haciendo el político tabasqueño que tanta irritación les provoca. Aspiran estos desesperados a que Washington les haga el milagro que acá no han podido confeccionar, nativamente.
El destinatario de tanta pasión descalificatoria aporta con constancia lo propio para alimentar los ánimos descompuestos en su contra. Mantiene su muy difundida conferencia mañanera de prensa como instrumento de propaganda e información, en dosis variables y muy discutibles y, sobre todo, de desahogo de tensiones y de emisión de críticas y cuchufletas a sus adversarios políticos y mediáticos a los que con frecuencia favorece exageradamente con sus menciones más que reducirlos o abatirlos política e informativamente.
Ayotzinapa, ¡sí fueron los militares!
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que la verdad que durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto se trató de ocultar, por la que el prófugo Tomás Zerón maquiló y fabricó la “verdad histórica” con la que embarcó al procurador Jesús Murillo Karam, la línea de investigación que siempre pidieron indagar los padres y que vetó la extinta PGR por instrucciones directas de Los Pinos para proteger al Ejército, empieza a aflorar seis años después de ocurridos los hechos en Iguala: en el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sí participaron militares del Ejército Mexicano.
La filtración de las declaraciones que un nuevo testigo denominado “Juan”, integrante del cártel de los Guerreros Unidos, realizó para la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, asegura que los militares no solo detuvieron a los normalistas aquel 26 de septiembre de 2014 junto con otras 30 personas, sino que además un grupo de los estudiantes fue internado en las instalaciones del 27 Batallón del Ejército Mexicano, ubicado en Iguala, donde los jóvenes habrían sido sometidos a interrogatorios con torturas y después de eso entregados al cártel de Guerreros Unidos, algunos de ellos ya muertos, para que los incineraran y desaparecieran.
Los dichos de ese testigo fueron de algún modo validados ayer miércoles por el Gobierno federal, primero por el subsecretario Alejandro Encinas, quien reconoció la veracidad del documento al anunciar una denuncia penal por la “filtración de declaraciones” pertenecientes a las nuevas investigaciones del Caso Ayotzinapa, y segundo por el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien declaró que “si algunos de nuestros elementos cometen errores, en el transcurso del cumplimiento de sus misiones, pues tendrán que responder ante esos errores”. El mismo presidente López Obrador, sin ahondar en el tema, dijo que en su Gobierno “no hay impunidad para nadie”, aludiendo a que si se comprueba la participación de los militares en la desaparición de los normalistas, tendrán que pagar por sus actos.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Malos modales. El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien lanzó su deseo por convertirse en candidato presidencial para 2024, está en problemas. Tendrá que dar una disculpa pública a la diputada panista Adriana Dávila por cometer violencia política de género. Lo anterior fue decidido por unanimidad por el TEPJF, que confirmó la decisión del INE para que se emitan las sanciones correspondientes al legislador petista y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El diputado hizo declaraciones ofensivas en contra de la diputada Dávila, en un acto público en Tlaxcala en 2019. Fernández Noroña deberá tomar cursos en línea sobre género. Y de no hacerlo, se tomarán medidas de apremio. ¿Y sí le quitarán lo maleducado?
2. Oportunidad. José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, tiene ante sí un escenario ideal para reivindicarse. La Fiscalía estatal se pronunció sobre el caso del perro que fue agredido por unos sujetos en Guadalupe Victoria. La dependencia informó que aún no se cuenta con la denuncia formal, sin embargo, el personal destacamentado en la localidad comenzó con las diligencias para localizar a los agresores y ejercer acción penal en su contra. Al respecto, la titular de la Fiscalía, Ruth Medina Alemán, manifestó que siempre se ha trabajado para salvaguardar la vida y la dignidad de los animales y que en este caso se realiza la investigación correspondiente para que no quede impune la agresión contra el canino, a quien le sacaron los ojos. Justicia para los que no tienen voz. Justicia ya, gobernador.
3. Leyes al vapor. La diputada de Morena, Esperanza Villalobos, presentó una iniciativa de ley para sancionar con penas de cárcel, de entre 4 y 7 años, a quienes cometan fraude en la venta de tanques o concentradores de oxígeno, o aumenten su precio de forma desproporcionada. La iniciativa consiste en incluir el artículo 232 en el Código Penal local, para establecer una multa de entre 6 mil 500 y 17 mil 376 pesos, una pena de cárcel de entre 4 y 7 años, y aumentar las sanciones en una tercera parte si el delito se comete durante una emergencia sanitaria. La idea es buena, lo malo es que para cuando prospere la pandemia será leyenda; un mal recuerdo del pasado.