Congreso local busca ampliar de 2 años y seis meses a 10 años y medio de prisión la pena para quien cometa violencia familiar contra mujeres embarazadas en Puebla, ya que actualmente va de 2 a 8 años, por lo que se aumentaría una tercera parte.
Lo anterior, durante la sesión ordinaria de este martes, la cual fue transmitida de manera virtual, a propuesta del diputado priista, Nibardo Hernández Sánchez, quien presentó una iniciativa para reformar el artículo 284 Bis del Código Penal de Puebla.
En su intervención, el legislador refirió que la sanción para quien comete este delito va de 2 a 8 años de prisión y una multa de 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 4 mil 481 pesos, además de quien lo haya cometido estará sujeto a tratamiento integral para rehabilitación y la perdida de la patria potestad.
“Con esta iniciativa lo que se busca incorporar como agravante el supuesto en que este tipo de violencia sea ejercida en contra de una mujer embaraza contemplando que de este hecho se incremente la pena antes señalada en una tercera parte (2 años)”, pronunció; la iniciativa fue enviada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis.
Por otra parte, durante la sesión, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Guadalupe Muciño Muñoz, propuso una reforma para que las empresas, al momento de la contratación de jóvenes como parte del primer empleo, lo hagan sin incurrir en discriminación por género.
Para ello, solicitó adicionar la fracción III del artículo 15 de la Ley del Primer Empleo del Estado de Puebla, al señalar que uno de los impedimentos a los que se han enfrentado las personas del género femenino a la desigualdad, pues los patrones prefieren reclutar a hombres; será la Comisión de Trabajo y Competitividad la que se encargará de analizarla.
Sanción, a quien eluda pensión alimentaria
En otro punto, la diputada de Morena, Bárbara Dimpna Morán Añorve, señaló que en Puebla es común que el padre de familia busque evadir su responsabilidad para brindar la pensión alimenticia para sus hijos, provocando incluso, quedarse sin empleo, o deshaciéndose de sus propiedades para argumentar que no tiene recursos para cumplir con la demanda.
Ante esto, propuso adicionar diversas disposiciones del Código Civil del estado, con el fin de esclarecer la sanción civil y penal en la que incurra el deudor alimentario que busque eludir o simular que no tiene manera de cubrir los gastos.
Dijo que tan solo durante el 2019, en el estado se presentaron seis juicios al día por este conflicto, por lo que igual se busca instalar un registro estatal de estas personas, con el objetivo de contar con un sistema de información que contenga su identificación
Refirió que, con esto, la autoridad correspondiente podrá actuar para hacer inspecciones de cumplimiento y en caso de detectar que los padres incumplan con su obligación, por más de 60 días, se les obligue a cumplir con su deber derivado de una sentencia y convenio.
