Los pueblos originarios afectados por los “Proyectos de Muerte” seguirán luchando para evitar ser despojados “hasta que la cuerda se reviente”, advirtió don Ramiro Carrasco, campesino y ejidatario de Apatlaco, Morelos, quien llamó a los de Tlaxcala y Puebla a seguir adelante.
Esa fue su declaración el pasado domingo 17 de enero, durante la caravana Por la Vida y Contra el Proyecto Integral de Muerte (PIM), donde señaló que el gasoducto Morelos es un proyecto que “quieren imponer” los gobiernos desde hace más de 10 años, desde Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y, ahora, Andrés Manuel López Obrador.
Refirió que los proyectos están despojando a los ejidos del municipio de Ayala, donde está el río Cuautla, del agua, que es para tres usos: agrícola, doméstico y, al último, para las industrias, pero eso no se está respetando, pese a que la región oriente del estado tiene historia agrícola.
Entre lágrimas, recordó “que el señor presidente prometió en campaña, en el (2018), en Yecapixtla, que llegando él a la presidencia iba a resolver este problema” pero fue al contrario. “Dice una cosa y en los hechos nos traiciona”, por lo que mucha gente se ha desilusionado de la “Cuarta Transformación”, afirmó.
Agricultura no paró en pandemia
Señaló que, en su gira por el estado de Guerrero, López Obrador dijo que prácticamente la economía en la agricultura en esta pandemia no dejó de trabajar y ciertamente, dicha actividad fue una de las que batalló para llevar sus productos hasta la ciudad y abastecer a los mexicanos.
Refirió que, por decreto presidencial de 1926, los ejidatarios tienen el derecho de las aguas para uso agrícola, además de que ahora hay amparos para evitar ser despojados.
En ese sentido hizo un llamado a los pueblos afectados de Puebla, Tlaxcala y Morelos “para que sigamos adelante en la defensa del agua” y seguir “hasta que la cuerda se reviente”.
Por otra parte, criticó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) prometa como sobornos luz solar, bombas de agua, canales, carreteras, escuelas, cuando es obligación del gobierno poner infraestructura en los ejidos.
Cabe recordar que la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no dio la razón a indígenas masahueles, de la Sierra Norte de Puebla, contra la Ley Minera de 1992, luego de que acusaron que no fueron consultados para la explotación de sus tierras.