Calderón: otro atraco a la nación // Desfalco por penales privatizados // Contratos a modo para los amigos
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que muchas y variadas han sido las pruebas documentales que revelan el modus operandi de la clase político-empresarial en el régimen neoliberal a la hora de hacer jugosos negocios a costillas del erario, especialmente vía adjudicación directa, pero la denuncia hecha pública ayer por el Presidente de la República no tiene desperdicio: descaradamente, de todo sacó enorme raja la pandilla de amigos del inquilino de Los Pinos en turno (éste cambiaba, pero no el grupo compacto), que en automático cargaba a los mexicanos la voluminosa factura.
En la mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso: Queremos exponerles lo de los reclusorios, lo de la privatización de los reclusorios como ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal, los negocios del sector privado y del sector público, esa mezcolanza, esa vinculación estrecha entre los negocios privados y los negocios públicos, o cómo se hacían los negocios privados al amparo del poder público, cómo se alimentaban, se nutrían los poderes, el poder económico y el poder político, con estos negocios de los reclusorios privados, y así en muchos otros casos.
Resulta que en sus tiempos como inquilino de Los Pinos, Felipe El Borolas Calderón (y a su lado Genaro García Luna) decidió privatizar –vía adjudicación directa– ocho reclusorios federales, porque su intención, según dijo cínicamente, era modernizar y despresurizar el sistema penitenciario y, por si fuera poco, lograr independencia financiera en su operación y reducir la carga fiscal a la sociedad por el costo de las instalaciones penitenciarias. Y se los entregó a los de siempre, es decir, a la minoría rapaz y a la mafia del poder.
Morena y Delgado, ¿ceder SLP a Verde?
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el 19 de febrero de 2019, el coordinador de los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Gallardo Cardona, anunció su renuncia al cargo y al perredismo, junto con ocho legisladores más del Sol Azteca, de entre los cuales fueron negativamente destacables, además del propio Gallardo Cardona, proveído de expedientes densos, Mauricio Toledo (involucrado de manera sostenida en acusaciones de fraudes, corrupción y porrismo) y Héctor Serrano Cortés (el principal cómplice de Miguel Ángel Mancera en la urdimbre de saqueo y abuso en la capital del país).
Oficialmente, los renunciantes aseguraron que no pasarían a Morena y que, en adelante, sus votaciones serían conforme a las circunstancias, lo cual por sistema hicieron en la misma línea definida por Mario Delgado, el constructor en las sombras de ese pacto político mafioso, que implicaba a nombre de Morena y sus mandos que hubiera postulaciones posteriores a cargos de elección popular, continuidad política, tomando como referencia el similar arreglo que el 3 de abril de 2017 llevó a Luis Miguel Barbosa, coordinador de la bancada senatorial del PRD, a renunciar a este partido.
En diversas modalidades y contexto, con Barbosa otros doce senadores dejaron también el Sol Azteca, entre estos, Zoé Robledo Aburto (ahora director del IMSS) Lorena Cuellar Cisneros (candidata de Morena a gobernar Tlaxcala), Fidel Demédicis Hidalgo, Mario MartínDelgado Carrillo (ahora, presidente de Morena), Rabindranath Salazar Solorio (ahora subsecretario de Gobernación), Benjamín Robles Montoya, Alejandro Encinas Rodríguez (también subsecretario de Segob), Luis Humberto Fuentes, Armando Ríos Píter, Raúl Morón Orozco (candidato de Morena a gobernar Michoacán), Luz María Beristain y, desde entonces prometida su candidatura gubernamental a Puebla, Miguel Barbosa Huerta.
El negocio de los reclusorios privados
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que el expediente que abrió ayer en Palacio Nacional el presidente López Obrador, con la exhibición de los contratos privados para la operación de Centros de Reclusión Federal en el territorio nacional, pasa no solo por el modelo de negocio que hicieran en el sexenio de Felipe Calderón de la mano de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, en el que se otorgaron contratos por asignación directa a poderosos empresarios de México con apellidos por todos conocidos: Slim, Vázquez Raña, Gerard y otros más, sino también por la continuidad que ese mismo modelo de negocios público-privados, tuvieron en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
Los ocho contratos que mostró ayer, por indicaciones presidenciales, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y que explicó el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, si bien se firmaron todos en el sexenio calderonista, su aplicación, construcción y operación, incluso los pagos millonarios que recibieron los empresarios concesionarios, se continuaron en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, donde ese esquema siguió operando y le fue “encargado” por el expresidente priista a otro expresidente de la República: Carlos Salinas de Gortari.
Porque los costos de operación millonarios que ayer se mencionaron en Palacio, de los que el Gobierno federal ha tenido que pagar a los concesionarios de los ocho centros penitenciarios privados de Sonora, Guanajuato, Durango, Oaxaca, Morelos y Michoacán, se erogaron en su mayor parte en el sexenio de Peña Nieto y se han tenido que continuar en el actual. La propia Rosa Icela dice que, en los últimos nueve años se han pagado 75 mil 661 millones de pesos, correspondientes apenas al 36% del pago total de esos contratos a los que todavía les resta pagar 190 mil 638 millones de pesos, hasta 2036 o 2037.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Con todo. El poder se arrebata con cualquier argumento. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, uno de los precandidatos a la gubernatura en Guerrero por Morena, presentó un juicio de impugnación ante el TEPJF contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio. A través de redes sociales, se filtró una cédula de notificación donde se señala que el precandidato perdedor presentó un “juicio para la protección de los derechos políticos-electorales” contra el CEN de Morena “y otros órganos” por la decisión de designar a Salgado Macedonio. De acuerdo con datos del propio partido, Sandoval Ballesteros quedó en quinto lugar, en la encuesta de preferencias, cosa que no cree, por lo que presentó la impugnación. “La lucha sigue”, dice, y no detiene sus giras por el estado. La lucha contra su propio partido. Mario Delgado, líder nacional, ¿ya tiene la solución?
2. Cambios verdaderos. La primera sala de la SCJN determinó que a las comunidades de origen indígena no se les cobre el servicio de internet. El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena alcanzó el respaldo de sus compañeros, quienes, en sesión remota, avalaron la propuesta. En consecuencia, los ministros concedieron un amparo a la asociación Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, la cual se inconformó en contra del cobro de cerca de un millón de pesos por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones al haberles otorgado dos concesiones para ofrecer el servicio de internet en comunidades originarias de Oaxaca. ¿Ahora sí viviremos en un país que incluya a todos o es pura propaganda política?
3. Luz. La pandemia por covid-19 no ha dejado ileso a ningún sector, el restaurantero es uno de ellos. Sin embargo, para los dueños de este tipo de establecimientos se ve una luz, y es que al parecer el Gobierno de la CDMX anunciará este viernes un acuerdo con ellos, lo que significaría un respiro, ya que muchos estaban a punto de cerrar definitivamente. Si se logra este acuerdo, que, claro está, sería de poco a poco, los más beneficiados serán los trabajadores de este sector, pero también el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, pues demostrará que lo importante es escuchar, encontrar una salida positiva sin poner en peligro la salud de nadie. Ojalá que sí se dé este avance, no sólo porque la economía debe reactivarse, sino porque acuerdos así son los que deben predominar entre los empresarios y las autoridades para tener un futuro menos incierto. Bravo.