“La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, los ha convertido en sus servidores asalariados”. C. Marx.
Los poblanos estamos siendo testigos de una serie de actos calificables, por lo menos, de irregulares provenientes de las autoridades encargadas pomposamente -porque así las cataloga la ley- del sistema de procuración e impartición de justicia en los ámbitos de la investigación, persecución y castigo de los delitos. Cambió el modelo de enjuiciamiento penal, cambió el gobierno, pero porfían las formas y prácticas corruptas de relación entre ministerios públicos y jueces con los ciudadanos acusados de delitos y las víctimas de los mismos. Poner precio a las acciones de autoridad en el desempeño de esas funciones públicas se ha convertido en el recipiente con que se despacha, en la medida solicitada por el que paga, la poca, mucha o nula justicia penal en Puebla. Por ahora los reflectores mediáticos se centran en el caso del joven Juan Carlos Medel Villa que perdió la vida atropellado por un vehículo de lujo cuyo conductor manejaba en estado de ebriedad. En algún sótano de la Fiscalía General del Estado la ciencia jurídica y la medicina forense, dotadas de elevados conocimientos “científicos” y modernas tecnologías, “transformaron” la ebriedad del conductor en enfermedad que le imposibilita comparecer en audiencia; y, expeditos, ministerio público y juez acordaron diferirla para dar tiempo a que el “enfermo” se reponga. La vida del ahora occiso y el dolor moral de sus padres, han sido colocados como mercancías tasables en dinero tanto por el conductor como por los funcionarios cuya encomienda legal tendría que ser investigar, perseguir el delito, e impartir justicia. Es decir: la falta de ética en médicos y abogados exhibida por enésima vez.
Esa milagrosa transformación científica se ha obrado gracias al simple hecho de que el joven conductor es hijo de un pudiente empresario poblano; sin embargo, el manejo del asunto ha sido tan miserable y obvio que ha degenerado en un escándalo social. Las notas periodísticas coinciden en que el gobernador Luis Miguel Barbosa ha ordenado investigar al juez del caso por existir indicios de que liberó al conductor sin apegarse al procedimiento legal: “…se crearon condiciones para favorecer al conductor y crearle condiciones de privilegio e impunidad”. Adicionalmente se dice que encargó al Consejero Jurídico para que solicite al Consejo de la Judicatura revisar el desempeño de ese juez; y también, que solicitará al Órgano de Control de la Fiscalía General del Estado revisar la actuación de los agentes ministeriales que intervinieron en el caso, y de los elementos de la Secretaría de Seguridad que atendieron el atropellamiento in situ.
Otra arista ofrece la problemática de las madres de mujeres desaparecidas y asesinadas por razones de género que están denunciando negligencia de la Fiscalía en la investigación de los casos. Una de ellas, Patricia Becerril -madre de Zyanya- a través de recursos legales busca obligar a la institución sólo a que cumpla su función; a que investigue como feminicidio la muerte de su hija, haciendo a un lado la versión oficial de que la joven, de 26 años, se habría quitado la vida. La señora Becerril denuncia públicamente la existencia de “un grave problema de obstaculización y de negación en la procuración y acceso a la justicia en Puebla…al sostener la hipótesis de suicidios al investigar las muertes violentas de las mujeres”.
Otro caso de manejo anómalo se ofrece, desde hace tiempo, en el asesinato de la hija de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” cometido por un grupo de cuatro personas, una de las cuales está siendo procesada por ese delito. Dicho imputado ha solicitado al ministerio público, en varias ocasiones, ser beneficiado con la celebración de un procedimiento abreviado que le permita obtener una reducción considerable de la pena de prisión que se le vaya a imponer, a cambio de pagar monetariamente una reparación del daño. La insistencia con que la autoridad ministerial le da vista al ofendido por el delito para que manifieste lo que a su derecho convenga, a pesar de que éste ya ha manifestado su legítima negativa, tiene más visos de interesada presión sicológica en su contra que de procuración o impartición de justicia a pesar de que el proceso se encuentra en fase de investigación complementaria ante el juez.
Desde inicios de febrero pasado el ambientalista Francisco Castillo Montemayor presentó ante la Fiscalía una denuncia por delitos contra la administración de justicia cometidos por funcionarios, jueces y ministerios públicos que intervinieron en la fabricación de un delito, durante las pasadas administraciones, por el que se le abrió proceso penal y se le mantuvo recluido, en cárcel y domicilio por más de un año, siendo inocente dado que el delito que se le atribuyó era inexistente. Hasta la fecha, la fiscalía no da señal alguna de querer atender la indicada denuncia.
Podría llenarse este espacio con ejemplos de casos que se viven ahora mismo. Qué decir cuando los asaltados violentamente en vía pública, a los que les roban todas tus pertenencias -auto, documentos de identidad, teléfono, dinero, etc.- y con la urgencia del caso, en aras de la inmediatez, se presentan a las instalaciones de la Fiscalía para presentar su correspondiente denuncia. Por increíble que parezca, no se las reciben hasta que lleven su identificación oficial, comprobante de domicilio, y copia de CURP -todo con dos copias- así como haber llamado previamente al 911, como requisitos para que les puedan tomar la denuncia. ¿A quién favorece esta estrategia institucional? Por alguna inconfesable razón el sentido común, la eficiencia institucional, y la eficacia de la ley están proscritos en la Fiscalía. O cómo evitar que, por lo regular desde la calificación de la detención hasta el dictado de la vinculación a proceso, los tremendos jueces -sin tener facultad legal para ello- arbitrariamente “bajen” del cargo de defensor al abogado elegido por el imputado o sus familiares, bajo el argumento de que no conoce el nuevo sistema penal acusatorio y hace una deficiente defensa técnica del caso, orillándoles a la situación de tener que elegir entre su abogado, o uno “que sí sabe”, que les será discretamente recomendado entre las sombras, bajo la advertencia de que sólo con el patrocinio del recomendado, el inculpado podrá salir libre, absolutamente o bajo alguna modalidad de caución, pagando los honorarios que les sean fijados.
Este tipo de situaciones que desde tiempo atrás lastiman la integridad física, moral, y patrimonial de los poblanos parecen querer ser conservadas, no sólo como fuente de ingresos de algunos servidores públicos sino como una forma “normal” de las relaciones sociales. En la medida en que tales situaciones son una calamidad social, se comprende que eso ya no puede ser posible y no debe tolerarse más. El delito en todas sus formas y en todos los estratos sociales y gubernamentales, es degradante de la condición humana. Por ser un problema social, se ha convertido en un problema político y la ciudadanía buscará saber en quién recae esa responsabilidad para reclamarla. En la pasada elección de gobernador, cambiaron el titular del Ejecutivo y los ocupantes del Legislativo; el Poder Judicial se mantuvo intacto. De origen, el actual Fiscal fue designado en el cargo -mediante desaseados procedimientos legislativos- por su socialmente repudiado antecesor, y luego ratificado en el cargo por la actual legislatura a propuesta del gobernador. ¿De quién es la responsabilidad política del desastre que enfrenta el sistema de procuración e impartición de justicia en Puebla? En tiempos electorales, la altísima incidencia delictiva y los magros logros de su combate institucional se convertirán en banderas sociales de los partidos políticos y sus propagandistas. La corrupción y la ineficacia que se exhiben, ¿tienen propósitos electorales? ¿Para qué se azuza la delincuencia? ¿Quién controla la puerta giratoria? Habrá que observar quién busca capitalizar en su beneficio esta falsificación de la justicia que comercia con el sufrimiento de los involucrados en los delitos, y qué hace el nuevo gobierno para convertirla en justicia verdadera. Se juega la calidad moral de nuestra convivencia.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 6 de diciembre 2020.
José Samuel Porras Rugerio
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