La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a México informar sobre medidas cautelares que exigen 17 comunidades opositoras al Proyecto Integral Morelos (PIM), que son parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Morelos y Tlaxcala.
Esto, en respuesta a la denuncia que dicho frente presentó luego de que, el pasado 23 de noviembre, un operativo de la Guardia Nacional desalojó un plantón que ejidatarios mantenían desde 2016 para impedir la puesta en marcha de la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, que es parte del PIM.
De acuerdo con los opositores, la CIDH, en respuesta pronta y prioritaria a su solicitud, requirió al Estado mexicano sus observaciones sobre la solicitud de medidas cautelares de las 17 comunidades y ejidos que las requirieron, así como que informe sobre lo que está haciendo para proteger la vida e integridad física de las personas propuestas como beneficiarias.
El organismo internacional, con sede en Washington, también pidió aclarar si la situación de los solicitantes habría sido revisada a nivel interno, además de cualquier otra información que se considere pertinente.
Al frente de los pueblos, se le requirió precisar el universo de personas propuestas como beneficiarias de las medidas cautelares, incluyendo cuántas comunidades son y cuántos habitantes tiene cada una.
Asimismo, les pidió información más detallada sobre la situación de riesgo, sobre el desalojo alegado en la solicitud, y respecto a los recursos internos, aportando copia simple de las principales decisiones judiciales emitidas sobre los hechos alegados.
Exigen respeto a protesta y retirar a la GN
En su solicitud, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala y Ejidos de Ayala en Defensa del Agua demandan la aplicación de las siguientes medidas:
1. Que garantice el derecho a la libre manifestación, protesta, organización y reunión pacífica de las personas, ejidos y comunidades que se defienden frente al PIM.
2. Que se garantice su protección y genere las condiciones de libertad y seguridad para que puedan continuar con su labor.
3. Que se suspenda el impulso del funcionamiento y culminación de construcción del PIM.
4.Revise el Estado Mexicano la profesionalidad e imparcialidad con que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos y Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito han estado actuando con respecto al PIM y; 5. Inste al Estado Mexicano a que respete las suspensiones vigentes otorgadas en los juicios de amparo, realizando el retiro de la Guardia Nacional, policía estatal de Morelos, así como cualquier fuerza pública ubicada en el plantón de Apatlaco, así como el retiro de la maquinaria y las bardas de metal instaladas para custodiar la obra
Mentira, que amparos estén resueltos
Los pueblos reiteraron que es una “mentira” del gobierno federal afirmar que los amparos contra el PIM está resueltos, pues “existen suspensiones que pesan sobre el proyecto, así como los actos de intimidación que en asambleas y de manera personal han sufrido diversos integrantes de estas agrupaciones.
Recordar que, entre los antecedentes de violaciones a los derechos humanos de los opositores, está el asesinato del activista Samir Flores Soberanes hace más de un año, “sin que a la fecha exista justicia”.