Por Martín Antonio Escamilla Meza
En la edición de lajornadadeoriente.com.mx, de fecha 24 de noviembre de los corrientes, una nota “informativa” de Elizabeth Rodríguez Lezama, en la cual se le da voz a supuestos vecinos y a las autoridades municipales de Coyomeapan, expone una sarta de mentiras e imprecisiones, que es necesario refutar:
Dice la nota que los que encabezaron la privación de la libertad del director de seguridad pública de aquel municipio, Gustavo Cacho Puertos, y las personas que recibieron los 50 mil pesos del rescate son parte de Antorcha Campesina. Que todo se originó por la intervención de Gustavo Cacho ante un “enfrentamiento” entre las comunidades de Ahuatla y Caxalli, ambas pertenecientes al ejido de Coyomeapan, por terrenos que ambas poblaciones reclaman como suyos, y en los cuales se practica la tala clandestina de árboles.
Veamos la verdadera situación:
El lunes 16 de noviembre, presididos por la síndico municipal, el representante del ejido de Coyomeapan y los inspectores de Ahuatla y Caxalli, se reunieron los habitantes de estas dos localidades y de las cuatro secciones de la cabecera municipal que forman parte del ejido (en proceso de reconocimiento), para celebrar una asamblea en la que se resolvió prohibir la tala de árboles, salvo para uso doméstico, en tanto que no se delimitaran las tierras entre las comunidades, de común acuerdo con la Procuraduría Agraria. Este acuerdo se tomó, entre otras cosas, porque el señor Everardo Argüelles Cortez, actual inspector municipal de Ahuatla, venía ejerciendo una irracional y clandestina tala de árboles de ocote en terrenos de uso común, con la protección de las autoridades municipales y del representante ejidal Omar Aguilar Bonilla y aun con el auxilio de camionetas oficiales, desde que era síndico municipal en los tiempos de Araceli Celestino Rosas como presidenta municipal. Dicha acción es repudiada no solo por los habitantes de Caxalli sino por todos los habitantes de las comunidades del ejido en formación, incluyendo su propia comunidad que es Ahuatla. El origen del conflicto no es pues un “enfrentamiento” entre Ahuatla y Caxalli, sino la inconformidad de la mayoría de los habitantes del ejido de Coyomeapan, incluyendo la mayoría del pueblo de Ahuatla, contra el abuso del tala montes Everardo Argüelles y de la protección que goza por parte de las autoridades municipales y del representante del ejido.
Para el lunes 23 de noviembre, el que se ostenta como representante del ejido, en contubernio con las autoridades municipales y con el tala montes Everardo Argüelles, convocó a una asamblea que en realidad fue para echar abajo el acuerdo de la prohibición de la tala, a través de plantear que era necesario delimitar las tierras de Ahuatla y Caxalli, para que cada comunidad acordara lo conducente para su territorio en materia de explotación del bosque. Fue Gustavo Cacho Puertos, quien en ocasiones se ostenta como el regidor de gobernación, usurpando funciones, pero que en realidad es el director de seguridad pública, quien propuso en la asamblea dividir las tierras y dejar en libertad a cada comunidad para determinar si permitían o prohibían la tala de árboles.
Cuando se informó de la propuesta de límites, la distribución de tierras favorecía a Ahuatla; los habitantes de Caxalli protestaron y no hubo acuerdo; al calor de la discusión y al ver que su propuesta era rechazada, Gustavo Cacho Puertos sacó un machete lesionando a dos personas, una de ellas de Caxalli; de inmediato la gente de esa comunidad, que no pertenece a Antorcha Campesina, lo detuvo infraganti y lo puso a disposición de su inspector, quedando detenido en los separos de la inspectoría municipal; al detenido le exigieron el pago de 50 mil pesos para sufragar los gastos por atención médica de los heridos y una multa que le impusieron como sanción por el delito de lesiones. El recurso fue recibido por las autoridades de la comunidad, para canalizarlo a los lesionados y para beneficio de la comunidad y no por parte de integrantes de Antorcha Campesina, como maliciosamente se afirma en lajornadadeoriente.com.mx.
En conclusión, Gustavo Cacho no es víctima, es victimario; nadie lo secuestró ni se pidió rescate por él, fue detenido infraganti porque lesionó a dos ciudadanos y, de acuerdo con los usos y costumbres de la región, pagó por los daños ocasionados y por el delito cometido. El conflicto no es un pleito entre dos comunidades, sino que es una manifestación de la lucha que libra la mayoría del pueblo del ejido de Coyomeapan contra los abusos de los tala montes, en particular del acaparador de tierras de uso común, Everardo Argüelles, quien actúa con el beneplácito, en contubernio y con protección de las autoridades municipales y del representante del ejido en cuestión.
El portal lajornadadeoriente.com.mx, pues, le da voz a la injusticia y al abuso. Los que aquí nos acusan de secuestradores lo hacen perversamente para llamar la atención del gobernador, intentando atraer la represión oficial en nuestra contra, a sabiendas del odio visceral que nos dispensa; también lo hacen para distraer la atención, alejar la justicia de ellos como los verdaderos delincuentes y de pasada intentar desprestigiarnos porque saben que los Antorchistas tenemos un determinante peso político en Coyomeapan, y en todo el distrito federal 04, con sede en Ajalpan, que les puede truncar sus aspiraciones político electorales.
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