El Congreso local va por sanciones a quienes practiquen u obliguen a una persona de la comunidad Lgbtttiq tomar terapias de reconversión, ya que eso es una muestra de discriminación, lo cual será castigado hasta con 5 años de prisión y servicio a la comunidad.
La iniciativa fue presentada durante la sesión ordinaria de este jueves del Legislativo poblano, misma que fue transmitida de manera virtual, en la que el diputado local, Jonathan Collantes Cabañas, propuso adicionar el artículo 225 Ter al Código Penal del estado.
El legislador priista manifestó que la discriminación y rechazo a todo aquello que se considera diferentes es un mal que se debe erradicar, ya que las personas de la diversidad sexual enfrentan obstáculos sustantivos en todo tipo de derechos como es acceso a la educación, empleo o salud.
Refirió que quienes tienen una orientación sexual, identidad o expresión de género distinta a la mayoría encuentran barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales, además de que la no aceptación de la pluralidad contribuye a que se presenten casos de violencia que en ocasiones termina con la vida de personas.
Detalló que este rechazo se da principalmente desde el seno familiar donde los padres, hermanos o primos no aceptan que alguno de sus integrantes sea gay o lesbiana, por lo que los tratan de manera denigrante, lo que los ha llevado a pensar que formar parte de la comunidad Lésbica Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e Intersexual y Queer (Lgbttiq) es una enfermedad que se puede curar.
Mencionó que lo anterior motivó que las terapias de reconversión tuvieran gran auge, sin embargo, solo atenten contra el libre desarrollo y a la identidad sexual de las personas.
Por ello, con la reforma que propone, se sancionará de 2 a 5 años de prisión y de 100 a 200 horas de servicio a la comunidad a quien imparta u obligue a otra persona a tomar o acudir dichas terapias, así como un tratamiento similar que tenga como fin cambiar la identidad de género u orientación sexual, por lo que fue mandada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis.
Buscan de proveedores no sean incumplidos
Por otra parte, durante la sesión, el diputado Emilio Maurer Espinosa propuso reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, para que las empresas que sean contratadas por parte del gobierno se vean obligadas a cumplir con lo establecido y, en caso contrario, sea elimina de la lista de proveedores.
Esto, al explicar que con ello se eliminará con la figura de un “mal proveedor” que genera pérdidas millonarias a la administración pública ante su incumplimiento, aunque no precisó en el caso de Puebla de cuánto asciende dicho monto.
También, la Secretaría de la Función Pública (SFP) estará facultada de actuar en consecuencia, cuando no se entreguen los bienes o servicios con calidad o se retrasen en la fecha de entrega, por lo que la propuesta se turnó para su estudio a las Comisión Inspectora.
