El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que, si fueron revendidas las 137 concesiones de permisionarios que fueron sacados de circulación por la entrada de la Línea 2 de RUTA, en 2015, serán revocadas y se dará de baja a los funcionarios involucrados en ello.
En rueda de prensa este miércoles, el mandatario poblano comentó que en su administración “no se van a solapar ese tipo de fregaderas”, por lo que revisará el tema con el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Guillermo Aréchiga Santamaría.
Esto luego de que este medio dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de dichos concesionarios, por lo que Barbosa Huerta ordenó regresar los títulos a los exdueños, sin embargo, en la SMT los permisos fueron revendidos, acusaron los afectados.
Ante esto, el morenista manifestó que si los funcionarios que lo hicieron son de la actual administración se actuará contra ellos y se darán de baja, aunque no precisó si en caso de revocar las concesiones revendidas serían devueltas a sus anteriores dueños.
Refirió que, si los permisos no fueron revendidos durante el actual gobierno y se dio en otras administraciones, analizarán igual revocarlas, aunque ya no estarían los servidores públicos involucrados en ello.
“Ya tengo una ficha de eso, más tarde veré de que se trata y lo resuelvo, en mi gobierno no va a ver ese tipo de fregaderas”, asentó.
En entrevista con este medio, afectados recordaron que con la llegada de la Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), ejecutado en el sexenio de Rafael Moreno Valle, 562 concesionarios fueron presionados para renunciar, de los que 426 accedieron, para que fueran reemplazadas por las “alimentadoras”.
En 2015 gobierno las sacó de circulación
Detallaron que el 9 de abril de 2015, la entonces Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT), a cargo de Luis Banck Serrato, decretó “por causas de utilidad pública e interés general” el rescate de 137 concesiones, es decir, de quienes no accedieron a “los engaños”.
Derivado de eso, a las 3 de la madrugada del 10 de abril de ese año, mientras los operadores de la Línea 2 y alimentadoras se preparaban para arrancar, la SIT hacía lo mismo para entrar en operativo y sacar de circulación las 137 unidades, cuyos choferes, al igual que sus jefes, desconocían el decreto en el que se ordenó dar de baja los permisos.
Tras esto, los afectados acusaron que, sin ser indemnizados, ese día no sólo perdieron los 89 concesionarios de los 137 camiones –que fueron llevados al corralón– sino que en un abrir y cerrar de ojos 900 choferes se quedaron sin empleo.
A raíz de ello, los dueños se ampararon; en respuesta, el 27 de noviembre de 2018, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito falló a favor de los afectados, a través de una jurisprudencia en la que ordenó dar a los concesionarios derecho de audiencia, pero la resolución no fue publicada sino en diciembre de 2019, cuando Barbosa Huerta ya había asumido la gubernatura.
Luego de ello, Barbosa Huerta ordenó regresar las concesiones, ya que los exdueños habían amagado con ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, los permisos fueron otorgados a otras rutas y taxis y ahora la SMT les planteó que para recuperarlos adquieran una nueva con diferente itinerario, para lo cual tendrían que desembolsar 27 mil 800 por cada una, más el costo de cada unidad y un estudio técnico.
