En 2019, se registraron 4 mil 272 percances de tránsito en la capital, es decir 12 al día, mientras que 283 personas resultaron lesionadas, por ello el Congreso local reformó la Ley de Vialidad Estatal para prohibir el ascenso y descenso de pasaje en lugares no autorizados.
Lo anterior, durante la sesión ordinaria del Legislativo poblano este martes que se transmitió de manera virtual, a propuesta de la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Nora Merino Escamilla, para reformar la fracción X del artículo 19 de dicha ley.
En su intervención, la legisladora manifestó que con esto se busca inhibir el número de accidentes que en ocasiones provocan la muerte de pasajeros o transeúntes, por lo que ahora los conductores de las unidades tendrán prohibido realizar maniobras de ascenso y descenso en carriles centrales de las vías, pues dicha fracción solo establece que los choferes de transporte público tienen prohibido “dar vuelta en “U” en curva o cerca de una curva”.
Manifestó que, acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, en 2019 hubo 330 accidentes viales de los cuales, 232 fueron percances y otros 41 fueron atropellamientos y “muchos de estos” fueron provocados por conductores irresponsables que bajan y suben pasaje en paradas no autorizadas.
283 resultaron con lesiones
En su turno, el diputado Miguel Ángel Trujillo comentó que de los 4 mil 272 percances de tránsito que hubo el año pasado en la capital, 444 fueron provocados por el servicio público, es decir, combis, autobuses o taxis, que equivale al 10.4 por ciento y el resto: 3 mil 828, por vehículos particulares.
Agregó que el 35.5 por ciento de los pasajeros, es decir 283 personas, resultó con más lesiones en estos hechos de tránsito, mientras que el 34.1 por ciento, que equivale a 272, fueron operadores los heridos, además de que 242 peatones tuvieron golpes.
Asimismo, citó que con datos de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), el servicio del transporte público en Puebla es otorgado por más de 6 mil unidades, de las que el 70 por ciento son solo en la zona metropolitana, es decir, 4 mil 200.
“Desgraciadamente es cotidiano observar que los choferes, principalmente de combis y autobuses realicen paradas, bajen y suban a los pasajeros o esperen a las personas en lugares no autorizados para ello, e incluso haciendo uso del carril central poniendo en riesgo la vida de los usuarios y transeúntes”, pronunció.
Reforma causa confrontación
Si bien la reforma fue aprobada por mayoría y entrará en vigor una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado (POE), el tema generó confrontación entre el diputado sin partido, Héctor Alonso Granados, y las legisladoras Merino Escamilla y Vianey García Romero, de Morena.
Esto, debido a que Alonso Granados tachó de novata en temas legislativos a Merino Escamilla al proponer algo que ya se encuentra estipulado y que en lugar de eso se deberían preocupar por que se dé una modernización del transporte como se prometió.
Ante esto, García Romero exigió respeto para su compañera por ser la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local; no obstante, el legislador acusó a la morenista de ser “empleada del gobernador”; en respuesta, la diputada pidió no denostar la figura de las mujeres.
Merino Escamilla pidió dejar de politizar todos los temas en pro de sus aspiraciones político – electorales, y centrar su tiempo en legislar, ya que al subir al pleno un punto por parte de Juntos Haremos Historia, la oposición intenta decir qué hacer, qué reformar y qué no.
Por su parte, la panista Mónica Rodríguez de la Vecchia dijo que era improcedente la reforma porque lo que se pretende prohibir ya está establecido en el reglamento de la Ley de Transporte del Estado en los artículos 165 y 16, además de que las disposiciones de la Ley de Vialidad solo aplican para las vialidades del estado, mientras que la de Transporte es obligatoria para todos, sin embargo, no fue tomada en cuenta.
