Cartas a Gracia
El Comunicado Conjunto N.º 11 SEP-Mejoredu fechado el 4 de noviembre, daría cuenta de una decisión Gracia: se aplicará una prueba diagnóstica cuando niñas, niños y adolescentes regresen a las escuelas que muestre los resultados del avance logrado, a partir de la implementación de los programas Aprende en Casa I -originalmente- y Aprende en Casa II. La disposición no es nueva, ya había sido anunciada por Esteban Moctezuma Barragán, titular del despacho educativo de la administración pública federal;
En los últimos días del mes de mayo, Moctezuma habría anunciado algunas normas aplicables a las actividades del último trimestre del ciclo escolar 2019-2020, cuando todavía se abrigaban esperanzas para regresar a clases de manera presencial el 10 de agosto del año en curso. En la fecha mencionada, la SEP dispondría un “ingreso escalonado”, un curso remedial y de nivelación, y la aplicación de una evaluación diagnóstica (ED) entre el 17 y el 28 de agosto, disposición de la que no se sabe nada. La ED se realizaría originalmente tres semanas antes de finalizar el ciclo escolar 2019-2020 y, posteriormente, en la fecha señalada, acotada siempre por la luz verde del semáforo sanitario, que auspicie el retorno a los salones de clase.
La estrategia se repite: se anuncia nuevamente la aplicación de una evaluación diagnóstica, que se realizaría en cuanto se retornase físicamente a las escuelas; astucia que permitiría placear al Comité del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Csnmce), creado mediante disposición de una ley reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política, publicada el 30 de octubre del año 2019 en el Diario Oficial de la Federación. La ocasión lo ameritaría; el Csnmce se reuniría en su “Segunda Sesión Ordinaria” con la asistencia virtual del “Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán”. El anuncio, aunque estratégico, parecería tan solo un pretexto para presentar en sociedad a quienes conforman un nuevo organismo burocrático, su estructura y la responsabilidad de quienes ejercerán las tareas asignadas, entre las que se encuentra una dirección encargada de formular, Gracia, las evaluaciones diagnósticas y que, por lo visto serán parte de la rutina de un sistema que, hasta ahora, pasa sin pena ni gloria.
El Comunicado Conjunto N.º 11 iniciaría con un encabezado que llamaría la atención: Fundamental evaluación diagnóstica para una educación con igualdad de trato y oportunidades. Las declaraciones continuarían y, las atribuidas a Moctezuma, precisarían la necesidad para que cada maestra y maestro conociera “el estado en el que llega cada niño de manera personalizada“; requisito que sería primordial “para poder avanzar en una educación con una igualdad de trato y oportunidad”, soslayándose las inequidades inherentes a las condiciones económicas de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, la falta de acceso a equipos de cómputo e Internet, y de atención que madres y padres de familia, podrían brindar a niños, niñas y adolescentes.
Moctezuma tendría una justificación adicional para establecer, cuando las condiciones lo permitieran, el retorno a clases bajo la modalidad mixta -híbrida- que le proporcionaría la contingencia sanitaria y que, adicionalmente, le permitiría ampliar el acceso universal a la educación pública en todos los niveles; con la salvedad que el cumplimiento de esa premisa le obligaría, por lo menos, a la contratación suplementaria de personal docente requerido, fundamentalmente en las escuelas de educación superior, en las que se atiende y con el concurso de los particulares, a 2 de cada 5 de quienes están en el rango de edad para ser universitarios. Tan importante como la definición de la forma física en la que se trabajaría, tendrían -de acuerdo a Moctezuma-“las acciones que lleven a cabo con miras al regreso a clases presenciales, en los ámbitos de formación y actualización de maestros, así como de evaluación, incorporen un enfoque que contemple la situación socioemocional, tanto de los alumnos como de los propios docentes”; acciones al margen del quehacer de la Comisión Nacional de Mejora Continua; quehacer que se ha resumido por el propio organismo y publicado en un sitio de divulgación y que se sintetizaría en los siguientes puntos: realizar estudios e investigaciones; “determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación”; realizar investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional; establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras; “emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados del aprendizaje”; así como la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar; proponer mecanismos de coordinación entre autoridades educativas federales y locales; y, por último sugerir lo pertinente para la mejora de los objetivos de la educación y de planes y programas de estudio de educación obligatoria.
Sin embargo y aunque Mejoredu sea un órgano asesor y sus recomendaciones pudiesen ser tomadas en cuenta por las autoridades educativas, quienes elaboran la nueva normatividad hacen un uso y un abuso de la figura, solicitando por ejemplo, la elaboración de un programa de mejora continua por cada uno de los RVOEs que los particulares soliciten refrenden, y no un plan general para cada institución, convirtiendo un instrumento de mejora, en una barrera de entrada que, mientras para las instituciones de financiamiento privado significaría un gasto, para la burocracia educativa constituiría una posibilidad de otorgar chamba a los cuates. Pero, ¡qué le vamos a hacer si cada cabeza es un mundo por separado! Y mientras tanto, Esteban lograría su objetivo: poner en la palestra a una comisión que, en un año de ejercicio presupuestal, solo ha sesionado en dos ocasiones.
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