Se regulará el outsourcing // AMLO: pondremos orden
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que rumbo al Congreso va la iniciativa presidencial para regular el outsourcing, con el objetivo de poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación, la cual se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año, masivamente, y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo ni reparto de utilidades, nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio, pero se deformó y se echó a perder (AMLO dixit).
La decisión gubernamental de presentar al Congreso tal iniciativa la hizo pública Andrés Manuel a principios de octubre pasado y ratificó la decisión a finales del propio mes, de tal suerte que los hoy histéricos representantes de la cúpula empresarial no pueden quejarse de que los sorprendieron. Y para que nadie dudara que el anuncio iba en serio, el propio mandatario subrayó que el fin de la reforma legal es erradicar uno de los frutos podridos del periodo neoliberal.
Desde diciembre de 2019, en el Senado de la República la comisión respectiva aprobó, por unanimidad, el dictamen de la iniciativa para reformar las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontratación ( outsourcing) que presentó el dirigente de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, pero más tardó en avalarla que Ricardo Monreal en mandarla al congelador legislativo (y ahí la mantiene casi un año después), y para justificarlo organizó un parlamento abierto a modo para la cúpula empresarial, porque él tenía compromisos con el capital privado.
¿Habrá reacción de Peña?
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que la espiral acusatoria contra el peñismo en general, acelerada a partir de la aparición en escena de Emilio Lozoya como gran delator, llegó ayer, al menos en términos mediáticos y presuntamente judiciales, al destinatario final hasta ahora solo tocado retóricamente, Enrique Peña Nieto, el responsable político e histórico de la desbordada corrupción habida en México de 2012 a 2018, que dejó consecuencias jurídicas y económicas transexenales de daño al interés nacional.
Según lo publicado ayer en primera plana por el diario Reforma, la Fiscalía General de la República habría pedido a un juzgado que se libre orden de aprehensión contra Luis Videgaray Caso (quien fue secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el pasado sexenio), considerándolo “autor material” de actos tipificados como delitos electorales, traición a la patria y cohecho, y al exocupante de Los Pinos como “autor mediato” de esos mismos hechos ilícitos, jefe de “un aparato de poder criminal” que habría usado a Videgaray y a Emilio Lozoya, quien fue director de Pemex, para cumplir sus propósitos.
El texto, que a la hora de cerrar esta columna no había sido desmentido por la FGR, confirma que hay señalamientos en contra del excandidato presidencial de Acción Nacional, Ricardo Anaya, el también panista Jorge Luis Lavalle, el calderonista Ernesto Cordero y el priista David Penchyna, a quienes se habrían transferido, “de manera espontánea y por interpósitas personas”, 121 millones 500 mil pesos, a fin de que apoyaran las reformas estructurales propuestas por Peña Nieto.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Mucho cuidado. Finalmente se destrabará un tema que tiene nervioso al sector empresarial. La iniciativa presidencial para limitar el outsourcing, que será llevada a parlamento abierto, y en donde se escuchará a empresarios y otros actores involucrados, adelantó el senador Ricardo Monreal. En reunión virtual, señaló que si la de origen es la Cámara de Diputados, los senadores tendrán que esperar su dictamen y “completar el nuestro para que no haya una contradicción en las propias leyes”, indicó. El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, consideró que la iniciativa es un paso para mejorar la situación laboral de los trabajadores contratados por empresas de outsourcing. Hay que poner doble atención en los puntos que más defiende Napito.
2. La danza de los millones. Se esperaba este jaloneo, y sucedió. El bloque opositor en San Lázaro propuso una modificación al presupuesto para 2021, por 109 mil 200 millones de pesos para etiquetar recursos a la atención de la pandemia desde el sector salud, recursos para las policías estatales y municipales, reactivación económica, carreteras y equidad de género, que fue rechazada por la mayoría de Morena. Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD, presentó la “reserva madre”, propuesta en conjunto con el PRI, PAN, MC y el PRD, con la cual, dijo, no se afectaría el presupuesto prioritario del gobierno federal y sería inclusivo al contener los planteamientos realizados en el parlamento abierto y de los demás grupos parlamentarios. Lo importante es que entre todos los legisladores lleguen a un acuerdo que beneficie a los mexicanos, ¿es tan difícil?
3. Esfumados. Otra estampa que retrata la mala administración, las decisiones erróneas y los planes trazados sin sentido, por parte del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro. Ante el incremento de casos positivos de covid-19, Pueblo Nuevo, ubicado al oeste y enclavado en la sierra, se ha convertido en un “pueblo fantasma”, ya que las autoridades determinaron el cierre de las calles principales. El alcalde Adrián Chaparro reconoció que ha sido un año difícil, pues “cuando apenas íbamos avanzando en la apertura de actividades económicas bajo una nueva normalidad, el semáforo rojo y la crisis de salud nos hicieron dar un paso atrás”. Todo cerrará en Pueblo Nuevo. ¿Tenía que llegar la pandemia hasta esos inhóspitos lugares? El gobierno estatal ¿nada pudo o nada quiso hacer para evitarlo?
