La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la pena de inhabilitación perpetua para responsables de corrupción, establecida en el Código Penal de Jalisco, por considerarla “excesiva” y violatoria de la libertad al trabajo.
Lo anterior, este jueves en sesión remota, donde el pleno de ministros analizó las acciones de inconstitucionalidad 59/2019, y su acumulada 60/2019, contra el artículo 144, fracción IV, inciso b) del Código Penal para el Estado de Jalisco.
En dicha legislación, se establecía que, para los responsables de delitos por hechos de corrupción, se preveía la inhabilitación perpetua para trabajar en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas.
Esto, cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito, excediera el límite de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Los magistrados determinaron que la sanción se traducía “en una pena excesiva y desproporcional, que afectaba en grado predominante a la libertad de trabajo, el derecho de acceso a los cargos públicos y el derecho a ser votado, generando un efecto estigmatizante en la persona y que, por tanto, resultaba contraria a los artículos 18 y 22 de la Constitución Federal”.
Por lo anterior, también invalidaron la fracción V del mismo artículo, donde se preveía el mismo castigo para particulares.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
