Genoveva Huerta: sueños guajiros
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, viene estirando la liga de más para amarrar su diputación plurinominal y ello podría provocar que el delegado del Comité Ejecutivo Nacional que está por llegar termine desplazándola y restándole capacidad de maniobra y operación en la definición de candidaturas a presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.
Con Genoveva Huerta las negociaciones del PAN con otros partidos de cara a los comicios del próximo año también se han complicado, al grado que varios dirigentes tanto partidistas como de organizaciones civiles o no gubernamentales —como Sí por México— han optado por darle la vuelta y buscar acuerdos directamente con el CEN o con el mismo Eduardo Rivera.
La intención de Genoveva de obtener la nominación del PAN a la alcaldía capitalina es un sueño guajiro, que en realidad oculta su propósito de obtener posiciones en la planilla de Eduardo Rivera Pérez y llevar mano en la designación de candidatos a diputados locales en los siete distritos de la capital.
La presidenta del CDE del PAN ha pretendido vender la idea de que Eduardo Rivera y su equipo actúan con soberbia al rehusarse a ceder espacios de regidores en su planilla, cuando en realidad lo que aquél busca son figuras dentro y fuera del PAN que le atraigan votos y simpatías, y no una planilla que refleje el reparto de cuotas entre los distintos grupos al seno del partido.
***
Anote el nombre del ex diputado federal José Luis Ovando Patrón, ya que podría convertirse en el delegado del CEN del PAN durante el proceso interno de designación de candidatos, el que lleve las negociaciones de alianzas y coaliciones con otros partidos y organizaciones y el que tome las riendas del PAN en Puebla durante el proceso electoral de 2021.
Desde Puebla surgen 10 demandas que buscan tumbar a Francisco Hernández Juárez
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que dentro del gremio de los telefonistas se estima que en un periodo de 7 a 10 meses podría caer el actual dirigente sindical Francisco Hernández Juárez, que se acaba de reelegir y lleva 4 décadas en el poder, pues se habrían presentado 10 denuncias penales en su contra por enriquecimiento inexplicable y abusos con los fondos de los trabajadores. Lo interesante es que esas querellas han salido desde Puebla.
Se han formado tres corrientes disidentes de trabajadores de Teléfonos de México que se han cohesionado en un sólido bloque que, aprovechando el aire de democratización sindical que impulsa el gobierno de la 4T, están empujando la posibilidad de provocar la renuncia de Hernández Juárez, tal como pasó con Carlos Romero Deschamps, quien controlaba al poderoso gremio petrolero.
Francisco Hernández Juárez lleva 44 años al frente del Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana. Le faltan ocho años para alcanzar la marca de Fidel Velázquez, quien estuvo –en dos periodos– 53 años como líder de la Confederación de Trabajadores de México.
En la orfandad electoral
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que el contexto también juega en la elección del 2021, particularmente para un partido como Morena, por vez primera instalado como mayoría en el gobierno, presidencias municipales y Congreso.
Se convirtió en gobierno, después de una crisis política que llevó a la agonía al estado. El morenovallismo se replegó, los factores de poder creyeron que se quedarían con sus privilegios, tras el helicopterazo.
No hubo ruptura institucional, pero ante el arribo de Luis Miguel Barbosa llegó la crisis presupuestal, como el recurso ejercido por anteriores gobiernos, lo que limitó los márgenes de maniobra.
Ya con un gasto definido para el 2020, entonces azotó la crisis de salud por el coronavirus que se reflejó en otro grave problema: la bancarrota familiar y empresarial en todo el año.
Para entrar al 2021, año electoral, la llamada Cuarta Transformación no acaba de llegar a Puebla, pues no hay un solo gobierno municipal morenista capaz de representar lo que pretende la 4T con Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué le diría RMV a Trump?
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que el primer día de abril, del año 2016, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle grabó un video en donde le mandaba un enérgico mensaje al aspirante presidencial Donald Trump.
En él, criticaba el anuncio hecho por el republicano, en el sentido de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos como medida para controlar el fenómeno migratorio, cuyo costo correría a cargo del gobierno de nuestro país.
Tomando como bandera la supuesta defensa de los intereses de los cientos de miles de poblanos que viven del otro lado de la frontera, en este acto de burda propaganda personal, lo invitaba a seguir el ejemplo de Ronald Reagan, tan admirado por Trump, el cual fue fundamental para el derribo del muro de Berlín.
Además, en el colmo del absurdo, el poblano le recomendaba dejar a un lado el discurso de resentimiento, odio e insultos, que caracterizaban en ese momento su retórica de campaña.
¿Qué le diría Moreno Valle a Trump en esta coyuntura?
Bartlett, el negligente criminal
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que con la sensibilidad de un elefante, el poblano-tabasqueño Manuel Bartlett, se mofó de la denuncia que advirtió el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, por las decisiones que erráticamente tomó el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para desfogar la presa Peñitas.
No sólo se trató de un mal cálculo o de una decisión menor. Cientos de familias y decenas de colonias, en los municipios centrales de Tabasco, quedaron bajo el agua ante la negligencia de los directivos de la CFE y eso efectivamente, debe ser sancionado.
Manuel Bartlett, reconvertido en un flamante funcionario de la 4T, ha sorteado desde precisos señalamientos por enriquecimiento ilícito hasta un borrón y cuenta nueva, tras la sobra de la caída del sistema en 1988, cuando se consumó un fraude electoral y eso que para AMLO se trata de un imperdonable delito.