La Secretaría de la Función Pública (SFP) dispuso que las fiscalizaciones de recursos federales tengan en cuenta los informes de las unidades de quejas y denuncias, así como datos proporcionados por alertadores y contralorías sociales.
Así lo asentó en el Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado este jueves por la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Emitió esta mañana nuevas disposiciones para asegurar un efectivo proceso de fiscalización de los recursos públicos federales, a través del establecimiento de una metodología homogénea para todas las revisiones, con una mayor participación ciudadana y plazos concretos para la formulación de los informes respectivos y el pronunciamiento sobre la atención de las acciones que hayan sido promovidas en la fiscalización.
Las nuevas disposiciones se aplicarán a los procesos, trámites y servicios de la fiscalización de la Función Pública sobre las entidades de la Administración Pública Federal (APF), fideicomisos públicos no paraestatales, entidades federativas, municipales y alcaldías de la Ciudad de México.
Tienen como propósito verificar que los recursos públicos federales se apliquen en apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honestidad, así como simplificar y mejorar la gestión gubernamental.
Asimismo, abrogan y sustituyen el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2010, cuyas disposiciones la funcionaria calificó de “obsoletas y no garantizaban la eficacia de la fiscalización”.
El acuerdo homologa la metodología de fiscalización que deberán utilizar las áreas adscritas a la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción, encabezada por Roberto Salcedo Aquino, los Órganos Internos de Control (OIC) en la APF y los Órganos de Control Estatal, éstos últimos mediante un acuerdo o convenio para trabajar con la misma técnica.
En virtud de la metodología compartida, el acuerdo logra compilar y actualizar en un solo instrumento jurídico la normativa aplicable en materia de auditorías, visitas, intervenciones de control interno, evaluaciones de políticas públicas, verificaciones de calidad y demás actos de fiscalización que realicen.
Busca impedir discrecionalidad en uso de recursos
También se fortalecieron las disposiciones para verificar el manejo de recursos públicos por parte de funcionarios, además de evaluar los resultados e impedir la discrecionalidad en la administración pública.
El acuerdo establece fechas y plazos precisos para la elaboración de los planes anuales de fiscalización y el inicio de éstos; para la presentación de los informes de resultados finales y la entrega de documentos para atender observaciones y recomendaciones, así como acciones, para la imposición de sanciones por faltas administrativas graves y no graves.
Indica los criterios para la elaboración de los informes de irregularidades encontradas y la presentación de denuncias ante las autoridades competentes considerando, de manera prioritaria, las fechas en que se cometieron los actos u omisiones, para evitar su prescripción.