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lunes, marzo 8, 2021

Secesionistas de ocasión

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Los gobernadores de la Alianza Federalista exhiben ad náuseam su vocación antidemocrática y autoritaria pretendiendo darle, ante la población de las entidades que gobiernan, carácter de oposición política frente al ejercicio gubernamental del Presidente de la República. Creen que oposición es sinónimo de bravata. Sus ataques políticos hacia la Federación tienen componentes predominantes de oportunismo, desmemoria, e ignorancia de la Constitución Política de la República. Ondean el estandarte del combate al coronavirus y brincan, abruptamente y sin argumento lógico constitucional ni legal, a plantear al presidente la revisión -para modificar- el pacto fiscal federal; es decir, del tema sanitario que por su naturaleza es imprevisible y eventual, quieren pasar a influir en la configuración de la distribución de los recursos fiscales entre federación y estados –tema permanente, anual, que se expresa en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)– propio de la administración pública y competencia exclusiva del gobierno federal. Invocan, como causa de la pretendida revisión una consideración sociológica: que las entidades del norte del país son las que más recursos aportan a la federación y no reciben lo necesario para resolver las necesidades de la población. Hacen de tal consideración punta de lanza contra el federalismo y dar pie a la postura baladrona con que refuerzan su exigencia: la amenaza de secesión. Parecen no estar enterados que el artículo 2º Constitucional establece que la nación mexicana es única e indivisible.

Cabe aclarar que la fórmula de distribución de los recursos fiscales federales a los estados se introdujo mediante reforma a la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, bajo presidencia de Felipe Calderón, siendo la que rige hasta la fecha. Modificar esa ley es facultad del Congreso de la Unión, no del poder Ejecutivo. Estas consideraciones hacen evidente que los gobernadores aliancistas se han convertido en un poder de facto, no sólo porque la Constitución de la República no reconoce la organización –alianza- política que forman, sino porque con sus actos la desconocen como norma suprema del Estado que establece el régimen jurídico político que organiza a la sociedad mexicana. Los gobernadores parecen no recordar que al tomar posesión del cargo, juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la de su estado, y las leyes que de ellas emanan; que sólo la Cámara de Diputados tiene facultad constitucional para incidir en todo lo relacionado al presupuesto federal y sus mecanismos de distribución fiscal; y que el 15 de noviembre es fecha de plazo para que los diputados aprueben, o no, el PEF. Consecuentemente, deben estar conscientes que la presión política que ejercen contra el titular del Ejecutivo es ilegítima e ilegal pues pretenden erigirse en un cogobierno, invadiendo la esfera de competencias del Ejecutivo, e intentando orillarlo a cometer violaciones de la Constitución. Sin ética, hacen aparentar que el mecanismo de distribución fiscal habría sido diseñado por la actual administración para maltrato de los gobiernos locales que representan, sólo por ser de oposición, y que por eso lo impugnan.

Para enfrentar la epidemia existen bases constitucionales: En caso de epidemias de carácter grave o invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República; la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País. (Art. 73, fracción XVI, bases 2ª y 3ª). Una discusión serena y razonada sobre los problemas presupuestarios de los estados ocasionados por la llegada del coronavirus, como tema de estado, sería sensata. Sin embargo, el brinco temático, la falta de ética, y la desmemoria que los aliados muestran sobre el origen constitucional y temporal de vigencia del actual pacto fiscal convierten sus argumentos en bravatas políticas –politiquerías- hacia el presidente.

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El espíritu antidemocrático de los gobernadores aliancistas se refleja en la deshonestidad intelectual y política de atribuir a López Obrador una responsabilidad que no es suya, y en hacer de esa falsedad motivo de inducción al encono de la población hacia la figura presidencial. Es una bajeza. Los hoy gobernadores aliancistas tuvieron, antes de serlo, un paso por el Congreso de la Unión en tiempos de Calderón o Peña Nieto; han gobernado sus estados y varios de ellos están a punto de concluir sus mandatos. El pacto fiscal que cuestionan tiene 13 años de vigencia; el tema de inequidad en la distribución de los recursos fiscales entre las entidades ha permanecido frente a sus ojos todo ese tiempo sin que, como diputados, senadores, o gobernadores, le dieran alguna importancia; nunca cuestionaron la inequitativa aportación de sus estados ni la distribución federal de los mismos.

La pandemia es un evento, imprevisto para todos, que se atiende con la infraestructura hospitalaria y de medicamentos diseñadas y heredadas, con sus desproporciones entre pública y privada, por las administraciones federales y locales anteriores. ¿Cuál es el nexo lógico que existe entre lo que debería ser una sana y constructiva discusión de estado sobre presupuesto extraordinario para la atención de la epidemia en los estados, con las bravatas que impulsan los gobernadores aliancistas para revisar el pacto fiscal que, en el colmo de la desmesura y el berrinche políticos, algunos llevan al extremo de plantear, sin rubor, hasta la amenaza de separación de sus estados de la Federación? ¿Alguno de ellos cree sinceramente que la población seguirá a ciegas una propuesta para dividir al país? Para ellos existe la democracia mientras sus partidos se mantengan en el poder, a pesar de los cuestionamientos sobre los resultados electorales con los que lleguen. Muestran desprecio hacia el electorado que, sin pizca de duda y mayoritariamente, no favoreció a sus partidos y eligió el proyecto de nación que ofreció el señor López Obrador. Son, por sus actitudes y alegatos, el Frente Nacional de Gobernadores Aliancistas AntiAmlo (FRENAGOAAA).

Más allá de estas actitudes de buscapleitos, la Alianza Federalista busca posicionarse frente al electorado para intentar conservar las 15 gubernaturas que estarán en juego en 2021. Cada gobernador tendrá que fincar en los resultados de su ejercicio de gobierno, la preferencia o rechazo electoral de su gestión. ¿Todos gobernaron con honradez, eficiencia y transparencia? Buscar obtener mayores recursos económicos de la federación, no es garantía de que serán utilizados para el combate de la epidemia; conociendo el historial de sus partidos, cabría la posibilidad de que tales recursos fuesen usados para enfrentar los procesos electorales en sus entidades, que tratarían de conservar para no someterse a una revisión incómoda de las cuentas públicas de su gestión. Atendiendo a los resultados prácticos y estadísticos que ofrece cada uno en materia de desarrollo social, combate a la pobreza, fomento al empleo, inseguridad pública, educación, vivienda, y combate a la pandemia en su entidad; tienen claro que su modelo de gobernar ha sido simple extensión de aquel que el pueblo mexicano rechazó en las urnas en 2018. La perla que buscan en el mar, queriendo intervenir en el diseño del pacto fiscal, es destruir la base económica que sostiene la obra pública social y material emprendida por la 4T. Para ello son, secesionistas de ocasión.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 1 de noviembre 2020.
JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7. 

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