Durante 2019, los registros del delito de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla no se ajustaron a lo solicitado por la Ley General contra este delito.
De acuerdo con la plataforma Observatorio contra la Tortura de la organización Documenta, las fiscalías deben tener registros que incluyan información sobre el lugar, fecha, circunstancias, y técnicas utilizadas durante dichos actos.
Así como especificar las autoridades señaladas como posibles responsables; el estatus de las investigaciones; y, en su caso, la información referente a la víctima, como su situación jurídica, edad, sexo, o cualquier otra condición relevante.
Entre las fiscalías del país, solo las de los estados de Querétaro, Coahuila y Oaxaca están alineadas a lo establecido en dicha ley.
Los datos de la plataforma indicaron que al cierre de 2019, en el país se realizaron 156 peritajes médicos y psicológicos sobre tortura realizados por las fiscalías, en Puebla el número fue de siete, es decir concentró el 4.4 por ciento del total.
Pese a que se señaló que se hicieron siete de estos peritajes en la entidad poblana no se proporcionaron datos sobre cuántos de resultaron positivos, mientras que a nivel federal se indicó que fueron afirmativos el 12 por ciento.
Además, en el caso de Puebla no hubo datos de peritajes sobre tortura realizados por organismos públicos de derechos humanos, en el país la cifra fue de 24.
Al comparar 2014 contra 2018, las investigaciones por este delito en el estado repuntaron 2 mil por ciento, pues pasó de 2 a 42.
