El Congreso de Puebla aprobó por mayoría de votos la Ley de Presupuesto y Gasto Público propuesta por el gobernador Miguel Barbosa que busca que el Ejecutivo controle el gasto de los poderes Judicial, Legislativo, órganos autónomos y de los 217 municipios.
Durante la discusión, el diputado de Morena, Fernando Jara Vargas, afirmó que la ley ayudará a evitar el despilfarro y corrupción, además de que permitirá conocer las operaciones de los recursos para así evitar subejercicio.
Asimismo, negó que busque controlar los recursos a los diferentes organismos en el estado pues, más bien, terminarán con las malas prácticas. Señaló que los recursos que no sean utilizados en el tiempo señalado tendrán que ser devueltos para reasignarse a otros rubros.
Sin embargo, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del PAN, afirmó que la ley estableció “criterios artificiales” para establecer que los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) sean considerados gasto corriente, cuando por más de dos años, Morena y sus aliados calificaron a estos como deuda, que también servirá para controlar los recursos manejados por los organismos. “No diputados y diputadas, no es gasto corriente, la deuda es deuda, y es un pasivo”, afirmó.
Transparencia es fundamental, afirman
Asimismo, Emilio Maurer Espinosa, también de Morena, afirmó que la transparencia es parte fundamental de la actual administración, por lo que esta ley garantizará la eficacia gubernamental.
Esta ley será la base para la designación del Presupuesto de Egresos 2021, el cual tendrá que ser aprobado a más tardar en diciembre para publicarse en el Periódico Oficial del Estado.
La nueva ley plantea en su artículo 50 que el Ejecutivo estatal podrá suspender, cancelar o modificar los recursos de fondos a las dependencias e instancias ejecutoras de gasto en Puebla, si detecta desviaciones en su ejecución o en la aplicación de los recursos.
Mientras que el artículo 16 menciona que la programación anual del gasto público de los municipios será dirigida por la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), que tomará en cuenta las directrices que establezca el poder Ejecutivo que estarán alineadas al Plan estatal de Desarrollo y las políticas de gasto público que éste determine.
La SFP también determinará si los programas presupuestarios de los ejecutores de gasto responden a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de este se deriven.