Pese a que en 2017 el 70 por ciento de la población adulta en el mundo tenía una cuenta bancaria, las mujeres pobres, rurales y con bajos niveles de escolaridad siguen siendo las principales marginadas en este sistema financiero.
Así lo señaló Nicolás Meyer, experto en gestión de empresas de economía social, quien señaló que algunos de los factores que influyen en la exclusión financiera tienen que ver con deficiencias en elegibilidad y accesibilidad física y económica por parte de la oferta. En contraste, la demanda carece de educación financiera y prolifera la desconfianza en las instituciones, el desempleo y la presión de las redes sociales, entre otros factores culturales.
Durante la segunda sesión del primer Encuentro Internacional de Emprendimiento e Innovación en Economía Social y Solidaria, organizado por el Departamento de Negocios de la Ibero Puebla, se introdujo el concepto de inclusión financiera, una serie de prácticas que aseguran el acceso, uso y disponibilidad del sistema financiero formal a todos los miembros de una economía.
El principal beneficio de la inclusión financiera es su influencia en la reducción de la pobreza, pues aporta a que las personas mejoren sus condiciones de vida.
Acceso de las personas a servicios financieros
Para estudiar la inclusión financiera es importante evaluar el acceso de las personas a los servicios financieros, así como su uso, calidad y la forma en que estos productos se traducen en bienestar. Las finanzas, recordó, no se limitan a créditos, sino que están presentes en sistemas de pagos, ahorros y seguros.
Como parte de la reivindicación de los sistemas empresariales solidarios, Meyer planteó cuatro preguntas para saber si una experiencia de finanzas es trastocada por el ejercicio de la economía social: quiénes son los dueños; cómo se toman las decisiones; cómo se distribuyen las ganancias y excedentes, y cómo se relacionan con la comunidad y el medioambiente.
Por otra parte, Juan Carlos Sanchetta, fundador de la Mesa de la Economía Social y Popular (MESyP), dio a conocer que esta es una organización argentina que nació por el compromiso entre trabajadores y organismos de derechos humanos.
Relató que el proyecto se gestó con la premisa de que la construcción colectiva se antepone a la ambición por los cargos públicos. En particular, se han enfocado en el derecho a la alimentación para todas las personas. Así, emitieron un proyecto de ley El pan como bien social en búsqueda de una canasta social con precios accesibles.
Sanchetta compartió que la totalidad de los compañeros de la MESyP trabajan por sistema cooperativos, por lo que se socializa la producción y las ganancias. “La dignidad no se negocia ni se vende; pasa porque cada persona produce lo que consume. Esa es nuestra lógica”.
