En las últimas horas se desató una guerra burocrática por el control de la línea estratégica de la política exterior y de seguridad nacional mexicana hacia los EE. UU. en la coyuntura de los intereses de geopolíticos de la Casa Blanca ante las elecciones del 3 de noviembre.
Además de reacomodos de grupos de poder en el gobierno mexicano, el trasfondo real es la visión nacionalista del presidente López Obrador que desarrolla el canciller Marcelo Ebrard y los intereses de Washington y la comunidad de servicios de inteligencia de la Casa Blanca que parecen estar detrás de la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena.
El campo de acción ha sido el caso Cienfuegos. Ebrard se movió con excesivo cuidado y en función de los estilos pausados del presidente de la república, en tanto que la embajadora ha dado por supuestos los cargos y ha pedido un aumento en la “colaboración” mexicana en materia de seguridad que hasta ahora no sólo ha beneficiado a Washington, sino que le ha dado carta blanca para desarrollar operativos de espionaje en México. En el caso Cienfuegos ha sido evidente: las agencias de inteligencia de los EE. UU. espiaron a mexicanos dentro de México.
En este sentido, el caso Cienfuegos ha llevado al debate justo el tema de la colaboración, que para funcionarios como Bárcena quieren ser colaboracionismo en función de los intereses los EE. UU. y sin respetar la soberanía mexicana y los intereses nacionales de instituciones como las fuerzas armadas. Para las agencias estadunidenses, “cooperación” quiere decir subordinación, en tanto que el presidente López Obrador y algunos mandos militares plantean la exigencia de que México desarrolle sus propias estrategias y políticas.
El punto clave radica en lo que Kissinger, en los sesenta, señaló como la definición de las políticas exteriores: los “intereses nacionales”. Y resulta que los intereses nacionales de los EE. UU. no son los mismos que los intereses nacionales de México. El caso Cienfuegos debe entenderse como una forma de presión de los EE. UU. para obligar a México a regresar a la guerra criminal contra el narcotráfico que sembró al país de muertos, en tanto que el presidente López Obrador está comprometido con el modelo de construcción de la paz que implica enfoques contrarios a los estadunidenses.
El asunto Cienfuegos ha puesto al descubierto los dos enfoques contradictorios en materia de seguridad nacional y soberanía mexicana frente a la seguridad nacional y la soberanía extendida imperial de la Casa Blanca. El enfoque de la embajadora Bárcena no pone en entredicho los intereses perversos de la estrategia de seguridad estadunidense y justifica las acciones de espionaje, operativos de la DEA dentro de México que violan los acuerdos y la soberanía mexicana y aconseja atender las preocupaciones estadunidenses.
Ebrard, en cambio, se ha ajustado al enfoque nacional del presidente López Obrador y su estilo a veces incomprendido de trato con el presidente Trump para eludir confrontaciones inútiles con el imperio. Ebrard operó por instrucciones presidenciales la visita de López Obrador a Trump en Washington y la embajadora Bárcena se dedicó a bombardearla.
El cargo de secretario de Relaciones Exteriores ha pasado, en los tiempos del PRI y el PAN, por la embajada de México en Washington porque ahí se asumen las presiones e intereses estadunidenses. Ebrard viene del equipo central de López Obrador desde el 2000, fue sucesor designado en la jefatura de gobierno del DF y tiene asignadas tareas adicionales a las relaciones exteriores por el grado de confianza presidencial, además de mantener aceitadas relaciones con los grupos de Trump y del demócrata Joe Biden.
Por esas razones se da la disputa por la cancillería mexicana.
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