Mercado laboral: falla estructural // Medio siglo de rezago y fragilidad
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que las cifras más recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) documentan que poco a poco se recupera el empleo perdido en este pandémico año y, aunque el ritmo no es el deseado, a partir de agosto pasado los números negativos se han reducido en más de 320 mil plazas laborales (AMLO dixit) en el sector formal de la economía, en vías de mejorar.
A raíz de la presencia del bicho en México –como sucedió en todo el planeta– los apanicados empresarios, sin ton ni son, comenzaron a cancelar plazas laborales en el sector formal de la economía, sin alternativa alguna para los hoy desempleados y algunos más técnicamente no lo hicieron, pero mandaron a sus trabajadores a sus respectivas casas sin goce de sueldo, en espera, según dijeron, de que mejore la situación.
Lo cierto es que el efecto pandémico en el mercado laboral ha sido arrasador, aunque la precariedad en la generación y las condiciones de empleo en el país es de larga data, es decir, es un problema estructural de la economía mexicana que, todo indica, nadie está interesado en resolver. Por el contrario, empeora sexenio tras sexenio.
AMLO y Ejército: mutua necesidad
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que luego de una breve fase de indefinición y tanteos, que incluyó la promoción o provisional aceptación de la tesis de que la detención del general Salvador Cienfuegos había sido notificada oportunamente a Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pasó a una colocación discursiva (aún no diplomática ni legal, o tal vez nunca) de rechazo a ese tipo de acciones estadunidenses, si no son compartidas oportunamente con México, y de abierta defensa de las Fuerzas Armadas institucionales, por encima de eventuales conductas delictivas de sus jefes directos.
El posicionamiento del presidente no podría ser de otra manera. Como ningún otro mando nacional en tiempos de paz ha concedido grandes porciones del poder civil a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar), entidades que participan en tareas de construcción aérea y ferroviaria, de compras cuantiosas sin licitaciones públicas, de faena laboral en proyectos especiales y otros menesteres no castrenses, además del abierto control verde olivo de la supuestamente civil Guardia Nacional y de la Armada en cuanto a puertos y aduanas marítimas.
López Obrador se apoya estratégicamente en las fuerzas armadas, pues sabe (la Historia lo enseña) que los triunfos electorales, por arrolladores que sean, no garantizan la continuidad en el poder si los militares son “ganados” por los factores contrarios al timón civil. Convertir a los soldados y marinos en base de apoyo ha sido un requerimiento básico del gobierno andresino. AMLO necesita a las fuerzas armadas y por ello trata de que las fuerzas armadas necesiten a AMLO.
Se agita el Gabinete; vienen enroques y hay pugnas por Seguridad
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que el presidente López Obrador prepara para las próximas semanas cambios y enroques en su Gabinete derivados de las renuncias que presentarán algunos secretarios que irán a buscar un cargo de elección popular.
El que más desata tensiones, pugnas y hasta golpeteos al interior de la 4T es la sucesión de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que renunciará el próximo 30 de octubre para buscar ser el candidato de Morena al Gobierno de Sonora.
Hasta el momento el Presidente no ha definido quién se quedará a cargo de la seguridad, que es precisamente uno de sus talones de Aquiles por las pésimas cifras y resultados que deja Durazo con más de 65 mil muertos en los 23 meses que lleva este Gobierno, aunque ya hay varios tiradores que se mencionan para ocupar esa posición.
De entrada, lo que se puede dar por descartado es que el Presidente vaya a proponer a un militar para ocupar la SSPC, primero porque es la única posición civil que queda en su estrategia federal de seguridad totalmente militarizada y copada por el Ejército y la Marina, que controlan la Guardia Nacional y son la primera línea de acción aún sin resultados que puedan presumirse en el combate al crimen organizado y al narcotráfico, y segundo porque tras la detención y encarcelamiento en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, acusado de delitos de narcotráfico y lavado de dinero, los militares están fuera de cualquier posibilidad de ser llamados a ocupar la Secretaría de Seguridad.
Pero entre los que sí pueden y quieren ocupar una posición nada envidiable, están los actuales subsecretarios Leonel Cota Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, que son los dos más cercanos a Durazo y, especialmente el último, al que se ha visto muy activo y movido con el conflicto en Chihuahua por el agua, lo que lo ha acercado al ánimo del Presidente.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Irresponsables. No sólo la pareja que decidió invitar a 300 personas a su boda en Mexicali, Baja California, sino las mismas autoridades son responsables de que 100 de esos invitados se hayan contagiado de covid-19, cuando en todo el país la emergencia sanitaria tiene en vilo a la población. Y lo peor es que serán la Secretaría de Salud y la fiscalía estatal quienes determinen si existe o no sanción. La presidenta municipal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, mencionó que al municipio no le corresponde emitir alguna sanción por este evento, ya que se realizó en un domicilio al interior de un residencial privado de la localidad, y que este asunto ya está en manos del Sector Salud y de la FGE, quienes determinarán alguna amonestación, de ser el caso. ¿Y Jaime Bonilla, el gobernador, pondrá cartas en el asunto?
2. Tiempo perdido. Una vez que el Senado autorizó la eliminación de fideicomisos, los gobernadores miembros de la Alianza Federalista, Silvano Aureoles, Javier Corral e Ignacio Peralta, y representantes de la Alianza Federalista, se reunieron con los coordinadores de los grupos parlamentarios que constituyen el Bloque de Contención del Senado, integrado por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, para “una profunda discusión sobre el destino de 109 fideicomisos y fondos públicos”. Coinciden en que su desaparición no sólo se trata de una acción de confiscación y centralización de recursos, sino que atenta contra la autonomía de organismos públicos y se basa en un discurso descalificador, estigmatizante y con fines políticos y divisorios. El gobierno los veía como boquetes para fuga de recursos. ¿Quién miente?
3. Cumplidores. La Secretaría de la Defensa Nacional destruyó, en la octava Zona Militar de Reynosa, un arsenal que le fue decomisado al crimen organizado que opera en la frontera de Tamaulipas. La ceremonia se realizó ayer, con la diferencia de que no todas las autoridades estuvieron presentes por respetar los protocolos de seguridad por la contingencia contra la pandemia. Los oficiales procedieron a destruir el armamento. En total fueron mil 380 armas de diferentes calibres, 11 mil 940 cargadores y 323 mil 977 cartuchos útiles. El arsenal forma parte de los decomisos que las autoridades han realizado al crimen organizado que opera en la frontera de Tamaulipas y ocurrió dentro del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. El general Luis Crescencio Sandoval, en lo suyo: servir a la nación.
