Regidores del llamado grupo G5 acusaron que la desprivatización del agua en la capital se analizó y que es posible, además de que se trató de un contrato “leonino” que el exedil Eduardo Rivera Pérez transfirió a la firma de dicho convenio al Soapap.
Lo anterior, de acuerdo con la regidora Rosa Márquez Cabrera, durante el informe del bloque morenista, crítico a la administración de Claudia Rivera Vivanco, de este lunes, donde la concejal aseveró que la Comisión Permanente del Agua, de la cual forma parte, analizó “a fondo” el acuerdo firmado en 2013 y encontró que es “evidente” lograr la revocación de la concesión.
Señalo que el entonces edil, Rivera Pérez, delegó al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) la responsabilidad del contrato, además de que el Congreso local no lo revisó.
“El gobierno panista de Eduardo Rivera abdicó de su responsabilidad constitucional al transferir al Soapap la decisión de firma del convenio privatizador. Tampoco se cumplió con el mandato de la ley para que el mismo pasará por el Congreso del estado para su aprobación“, señaló Márquez Cabrera.
En este sentido, aseveró que el ayuntamiento de Puebla “cuenta con todos los atributos administrativos y financieros” para lograr la desprivatización, sin que exista el riesgo del desabasto o caos en el funcionamiento del sistema.
“Incluso se cuenta con personal capacitado para realizar dichos trabajos, ahí están los extrabajadores del Soapap“, apuntó la regidora, aunque señaló que hace falta una reestructuración en la entidad.
Cabe mencionar que una posible desprivatización del servicio de agua potable es un planteamiento frecuente entre el ayuntamiento y el Congreso, desde la firma de contrato con Concesiones Integrales hace poco más de siete años, sin que haya algún avance.
