Fotomultas: La omisión también es corrupción
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que ayer le decía que el gobierno de Luis Miguel Barbosa no tenía un compromiso serio con el combate a la corrupción y que su gestión estaba siendo omisa para investigar y sancionar abusos cometidos por funcionarios en funciones.
Un caso que ilustra lo anterior es el contrato suscrito por la administración estatal con la empresa jalisciense Intecproof SA de CV, a la cual le adjudicaron en 773 millones 693 mil pesos el programa Monitor Vial y las llamadas fotomultas.
La empresa, que cobrará en 36 meses cuatro veces más que lo que se pagó a Autotraffic SA de CV en 6 años, ha venido incumpliendo sistemáticamente con lo que se le contrató y no se le rescinde el contrato ni se le penaliza en términos del anexo 4 de la licitación pública nacional LPN GESAL-053-824/2019.
Y eso es corrupción o por lo menos negligencia.
Según el millonario contrato que se firmó, Intecprof debía instalar 157 monitores de detección de exceso de velocidad y 157 equipos de reconocimiento automático de matrículas.
Cinco aspirantes panistas promovidos por la dupla Huerta–Manzanilla
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que en el PAN han empezado a surgir los primeros grupos de aspirantes a diputados locales. De ellos, llama la atención de una lista de 5 prospectos que tienen dos características en común: buscan posiciones en distritos de la capital y la más relevante, que son apoyados por igual por la presidente estatal del albiazul, Genoveva Huerta Villegas, y el diputado federal del Partido Encuentro Social, Fernando Manzanilla Prieto.
Son cinco aspirantes que saldrán directamente a disputar las nominaciones a la facción que encabeza Eduardo Rivera Pérez, quien es líder del panismo tradicional y por ahora es el político mejor posicionado –en el PAN– para ser candidato a la alcaldía de la ciudad de Puebla.
La lista de cinco aspirantes que estarían siendo apoyados por la dupla Huerta–Manzanilla, son: Silvia Argüello en el distrito 9, Carolina Bouregard por el distrito 10, Rosa María Carmona por el distrito 11, Jacobo Ordaz por el distrito 16 y Ricardo Grau por el distrito 20. Todas esas demarcaciones son de la capital.
Lo relevante de esta lista, es que pone al descubierto la estrecha relación que existe entre Genoveva Huerta y Fernando Manzanilla, aunque los dos aparentemente se encuentren en fuerzas políticas contrarias, pues la primera representa al conservadurismo panista y el segundo aparentemente a la izquierda progresista.
Los nombres que más llaman la atención son sin duda los de Silvia Argüello y Carolina Bouregard, quienes formaron parte del equipo que desde la Secretaría General de Gobierno se montó —a principios de 2019– para que Fernando Manzanilla Prieto pudiera controlar la elección del Comité Municipal del PAN en la capital, empresa que acabó fracasando.
La Corona del Capcee
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que para nadie es un secreto que –en el morenovallismo- el grupo del finado Luis Maldonado Venegas usó al sistema educativo poblano como su caja chica.
Cubiertas las aportaciones para la campaña presidencial del 01, todo era irle sacando poco a poco la manteca al marrano.
Ahora está en el ojo del huracán el Comité Administrador para la Construcción de Espacios Educativos y, en particular, el hoy magistrado Jorge Benito Cruz Bermúdez, pero existe otro personaje que exprimió hasta la última gota al Capcee.
Se trata de Diego Corona Cremean, quien llegó a Puebla procedente de su natal Jalisco para ocupar la dirección del organismo y después la Secretaría de Infraestructura.
Conforme pasaron los meses se compró una casa por Bodegas del Molino y ahora tiene un rancho en la región de Xicotepec-Huauchinango, en sociedad con otro morenovallista, el cantante Francisco Xavier.
La trampa de los fideicomisos poblanos
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que el rey de los fideicomisos signados en tiempos de Rafael Moreno Valle es el F/044.
Fue firmado, con características de “irrevocable”, el 29 de noviembre de 2012 entre el Gobierno del Estado de Puebla -como Fideicomitente y Evercore Casa de Bolsa, S.A de C.V como Fiduciario.
Se trata de la fuente directa de pago del proyecto de la Plataforma Audi y la alterna de pago para los dos Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) más importantes de aquel sexenio: la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS) y el Museo Barroco.
En este compromiso, el gobierno estatal se obligó a afectar los ingresos presentes y futuros derivados de la recaudación del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), comúnmente conocido como Impuesto sobre Nómina.
Tiene una vigencia hasta el año 2062, es decir, la “afectación” a los recursos que se obtengan por concepto de este impuesto seguirían aplicándose en las próximas 7 administraciones estatales.
El INE, un asesino en potencia
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que contrario a todas las recomendaciones e incluso al decreto presidencial, el Instituto Nacional Electoral en Puebla y otros estados, realiza prácticas laborales poco ortodoxas y tramposas.
Le comento que personal considerado como de alto riesgo por tener alguna comorbilidad o cuya edad supera los 60 años fue notificado de que deberá regresar a trabajar presencialmente a las instalaciones, con una agravante: firmar una carta deslindando al instituto en caso de contagiarse o inclusive de morir por Covid.
Palabras más, palabras menos, cada uno de los empleados del INE que se encontraban hasta ayer lunes en su casa cumpliendo con sus labores a distancia y procurando no contagiarse del coronavirus deberán redactar una carta en la que manifieste su interés por regresar al trabajo de manera presencial “deslindando al Instituto o personal del mismo de responsabilidad alguna”.
El machote de la carta, que debe ser entregada voluntariamente a fuerza, llegó a trabajadores que lo mismo padecen diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer o cualquier otra comorbilidad y a quienes se les aclaró que en caso de contagiarse del SARS CoV2 durante los recorridos de su casa al trabajo o dentro de las instalaciones, el INE no lo calificará como riesgo de trabajo.
En casos extremos donde los colaboradores fallezcan a causa de Covid, sus deudos tampoco podrán cobrar los seguros correspondientes o las pólizas serán mucho menores debido a que la carta exime al instituto de las complicaciones médicas de cada trabajador.
