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viernes, marzo 5, 2021

Disputa del poder y bienes públicos

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“El neoliberalismo no es una teoría del desarrollo; el neoliberalismo es la doctrina del saqueo total de nuestros pueblos”. Fidel Castro.

El manejo del Estado por gobiernos de corte empresarial parece asentar su acción política exclusivamente en un eufemismo que encubre todas sus posturas, relaciones, y aspiraciones frente al erario: El modelo de negocios. La expresión alude a las infinitas posibilidades de interacción que pueden tener los particulares con aquél, y los consiguientes mecanismos para sustraer bienes de propiedad estatal que pasan a manos de particulares dando origen a la apropiación privada de estos. La justificación que se da para tales transferencias, o conversión de los bienes públicos en privados, es la “legalidad” de tales actos. Poseer la representación del Estado, a la que se llega mediante elecciones populares periódicas, es el mecanismo que posibilita el acceso a la disposición de sus bienes según se establece en las bases constitucionales. Esto expone la razón última de los fraudes electorales, la fachada de legalidad de negocios con que ciertos particulares se hacen propietarios de bienes públicos, la virulencia de los ataques políticos hacia los nuevos gobiernos, y todas las muestras de violencia social –expresa o soterrada, directa o por presuntos terceros- que, elevadas a la condición de banderas políticas, son encaminadas a la recuperación del poder estatal por las viejas fuerzas políticas desplazadas de los gobiernos.

La revelación hecha por el gobernador Miguel Barbosa sobre los que serían términos del contrato de concesión que habría firmado el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, con la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), estableciendo un subsidio que llegaría hasta los 234 mil millones de pesos en beneficio de los empresarios concesionarios, a costa del erario de Puebla, durante los siguientes 28 años, es botón ilustrativo de ese modelo de gestión gubernativo-empresarial de negocios. Adicionalmente, revela el juego político perverso de las fuerzas partidistas que encabezaron los gobiernos salientes, derrotados en las urnas exactamente por impulsar ese “modelo de negocios” que la población en general percibe como corruptelas del poder público: amarrar mediante el endeudamiento exorbitante, a plazos que exceden el periodo de su mandato, las finanzas de gobiernos entrantes que verán mermadas sus posibilidades de acción en la realización de obra pública de beneficio social debido a las deudas archimillonarias contraídas por anteriores gobiernos, con el propósito expreso de convertirlos en simples pagadores de las deudas contratadas.

Una estrategia que fue diseñada para tener impactos políticos, ideológicos y mediáticos que, se cree, permitirá a las viejas fuerzas políticas construir bases o preparativos para un posible retorno al timón gubernamental y al control del erario como fin último. El esquema es perfectamente detectable tanto en la Federación como en las entidades. Las modalidades de las trampas las proporcionan el talento de los mandos y operadores políticos que las ordenan, junto con la habilidad de los redactores de los documentos jurídicos donde se hacen constar las operaciones o negocios con bienes o dinero públicos transferidos irregularmente a particulares transformados, mediante verdaderos trucos de ilusionismo legal, de viles robos o estafas, en negocios “legales”. En el caso que comentamos se revela que las artes de ilusionismo se concretaron contractualmente –según se desprende de la revisión de los contratos firmados para poner en marcha este modelo de transporte colectivo en la ciudad- en sobrecostos, subsidios excesivos, y cifras elevadas hasta en 29 veces, a decir del director de Carreteras de Cuota Puebla. A juicio del funcionario “RUTA constituye un modelo de negocio incosteable, creado con dolo y con una sobreestimación y sobreprecios tanto en obra como en operación y concesiones, por lo que la actual administración y los siguientes gobiernos tendrían que pagar, si no se hacen los ajustes, hasta 234 mil millones de pesos a los concesionarios en un plazo de 28 años”. Un negocio blando entre los socios pero duro para los nuevos gobiernos.

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En este modelo de negocios la perversidad de su estrategia política consiste en realizarlos de espaldas al conocimiento público bajo proyecto y perspectiva, en primera hipótesis, de que se conservará a toda costa la titularidad del gobierno que posibilite mantener en secreto los términos de su celebración y hacerse de las ganancias, beneficios o dividendos que reditúa. El negocio rendirá sus frutos mientras no salga a la luz pública. En esta hipótesis el caso de pérdida del control del gobierno y las finanzas públicas prevé que el negocio quede, para los gobernantes recién llegados, como un legado de deudas que estarán obligados a pagar e impactará sus posibilidades de atender los requerimientos sociales que la población haga a su gobierno. También, lógicamente, que por esas cargas financieras tendrían tropiezos de atención hacia quienes los eligieron pues incumplirían algunas o muchas de sus promesas de campaña electoral. El aprovechamiento político de tales circunstancias por las fuerzas políticas desplazadas que generaron el endeudamiento se obtendrá acusando de incompetencia a quienes llegaron al poder, de inexpertos en el manejo de los asuntos de estado; alzándose, en contraste, como los que sí saben cómo hacerlo. Con destemplados ataques, que repetirán mediáticamente mil veces como si fuese noticia política principal e impactante, procurarán que la población olvide todos aquellos hechos y motivos tenidos en consideración para preferir en las urnas una opción política distinta a las de siempre y echarlos del gobierno.

En esta trama de trampas políticas, la segunda hipótesis concebida por los desplazados del poder, sería imaginar la llegada de la insolvencia de las finanzas del estado para sufragar tales deudas y, consecuentemente, el derrumbamiento de los gobiernos legítimos que mostrarían con ello a la población su ineficiencia y harían necesario el retorno al gobierno de los que “sí saben” manejar asuntos de esa índole. Y en esa espera están. Creyendo -e induciendo- que será el pueblo mismo el que pedirá su retorno al poder. Por ello se dedican a la descalificación, a generar conflictos tirando la piedra y escondiendo la mano, a incentivar tropiezos de los nuevos gobiernos; rescatan, con aviesa intención, añejos problemas sociales que ellos no pudieron, o no quisieron, resolver cuando fueron gobierno, para formular airados reclamos de solución; descalifican por sistema toda obra de gobierno. No se esmeran en plantear a la sociedad nuevas formas de gestión pública para superar las desigualdades sociales y mejorar la calidad de la convivencia social porque no las tienen. Bajo el esquema de modelo de negocios con que se operó el manejo empresarial del Estado, se hizo y deshizo con las finanzas públicas, se amasaron fortunas, crecieron influencias, se cometieron fraudes electorales, generalizó la delincuencia social, organizada, y de alta esfera; creció la pobreza, se derrumbaron valores humanos. Es el modelo de relación empresarial con el poder y los bienes públicos que explica, sin filosofía pero con pragmatismo, su lema de batalla: libre mercado, estado mínimo.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 11 de octubre 2020.
José Samuel Porras Rugerio

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.      

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