El Frente en Defensa del Agua buscará una audiencia con el gobernador Miguel Barbosa Huerta para presentarle un plan jurídico para revocar el contrato de concesión del vital líquido a la empresa Agua de Puebla, toda vez que no existe impedimento legal para que lo hagan.
En rueda de prensa, Jorge Méndez Spíndola y Rosa Márquez Cabrera, integrantes del frente, indicaron que la concesión tiene vicios ilegales de origen y por lo tanto no es válida, así que podría ser rescindida sin consecuencias penales, financieras y administrativas.
Indicaron que este análisis ya se lo presentaron al presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinila, a quien le hicieron énfasis en que la concesión no fue aprobada por el Legislativo, como lo establece la Constitución de Puebla, al ser por un tiempo mayor al gobierno en turno.
“Vamos a presentar el plan y las medidas técnicas, de servicio, administración y digitales y de transición que se pondrían en acción inmediata y que no darían lugar a la preocupación legítima de que hubiera riesgo de desabasto o caos en el servicio del agua”, expresaron.
Para ello, explicaron que se puede “echar mano” de los extrabajadores y actual personal del Sistema Operador Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) para dar el servicio, ya que son los que conocen cómo se maneja el servicio y podrían garantizar el abasto.
Esto, porque el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha señalado que quitar la operación del servicio a Agua de Puebla no es un tema fácil, ya que antes de hacerlo se debe garantizar la distribución del vital líquido en todo el municipio, pues actualmente la empresa no abarca toda la capital.
Congreso local no es el que debe revocar
Por ello, igual manifestaron que igual buscarán reunirse con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco para darle a conocer el estudio, al recordar que en semanas pasadas se aprobó en sesión de Cabildo que la munícipe haga las acciones necesarias para poder iniciar el proceso de revocación.
Ya en entrevista, Márquez Cabrera dijo que el Congreso local no es el que tiene que revocar la concesión, sino que deben ser los que lo firmaron, como es el ayuntamiento de Puebla, cuando estuvo Eduardo Rivera Pérez, y el gobierno estatal, en el sexenio de Rafael Moreno Valle.
“De aquí se desprende que el Legislativo informe que no es válida la concesión para que el Cabildo informe al Consejo de Administración del Soapap de ello, para que se acuerde quitarla, se debe asumir la responsabilidad que tuvo en su momento el gobierno de Eduardo Rivera”, asentó.
La regidora morenista de la capital sostuvo que este plan es parte de “un recuento” que se ha hecho desde hace varios meses, por lo que el congreso local no tendría consecuencias y a su vez se está protegiendo a la Comuna, pues solo estarían actuando conforme a sus funciones.
