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La dirigencia del Suntuap podría por fin conseguir su toma de nota

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que un pleito legal entre el Suntuap y un abogado que los representó a principio de la década de los noventa, por la disputa de unos terrenos en el antiguo Rancho de Vaquerías al sur de la ciudad, podría convertirse en el pretexto ideal de la 4T para desestabilizar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Si el comité ejecutivo del Sindicato encabezado por Guillermo López Mayo obtiene la toma de nota que necesita, es decir el reconocimiento de la autoridad laboral, éste no sólo podrá defender los predios de Vaquerías que reclama el abogado José Luis Espinosa Vega, sino pelear la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo de la BUAP.

Por eso le digo que este pleito entre el Suntuap y el que fuera su abogado, que les reclamó por la vía mercantil el pago de sus honorarios profesionales durante la gestión sindical de Joel Guel de la Cruz, podría convertirse en la coartada que el gobierno del estado necesita para meterse a la BUAP y a la sucesión rectoral.

Por lo pronto el comité sindical de López Mayo ya inició gestiones al más alto nivel para obtener de la Junta Local de Conciliación de Arbitraje (JLCA) la toma de nota que le habían prometido, y que les urge para no perder los predios de Vaquerías que demanda el abogado José Luis Espinosa Vega, después de que éste ya consiguió que el juez tercero de lo Civil, Hugo Isaac Arzola Muñoz, ordenara el desalojo de las 150 viviendas que sobre tales terrenos se construyeron.

Lo curioso es que la toma de nota se las podría otorgar el presidente de la JLCA, Mario Arturo Daza Buendía, que en el sexenio de Manuel Bartlett Díaz le negó este reconocimiento al comité ejecutivo de entonces del Suntuap.

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En Carlos Blanco radican las claves de los abusos de RUTA

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que el personaje clave en los múltiples abusos que se cometieron en la constitución y operación de las rutas 1 y 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) es sin duda alguna Carlos Blanco Villasuso, quien en su momento fue el hombre de confianza de Eukid Castañón Herrera, el principal operador del morenovallismo, y de Martha Erika Alonso Hidalgo, pues fue su coordinador de giras en la campaña electoral de 2018 y se preparaba para ser subsecretario del Transporte en su gobierno.

Y no solo en el tema de RUTA, el comportamiento de Blanco Villasuso es fundamental para entender el surgimiento de una extensa red de taxis piratas –principalmente en el Periférico Ecológico– y que una poderosa mafia del transporte público –encabezada por Abraham Sánchez– se arraigara en el control de este servicio.

Siendo Carlos Blanco subsecretario del Transporte en la era morenovallista es cuando se hicieron los ventajosos contratos de cobro y publicidad del metrobús, que ayer se anunciaron su revocación por parte de la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta, por ser un fraude en detrimento de las finanzas públicas del estado.

El encumbramiento

Cuando surgió la idea de crear RUTA en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, el titular de la subsecretaría de Transporte era el panista Carlos Zurita, quien estaba bajo las órdenes de Bernardo Huerta Couttolenc, quien era el titular de la dependencia del ramo.

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Costosa ligereza

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que unos lo tomaron a la ligera.

Otros no dejan de calificar la noticia con el clásico: “asustan con el petate del muerto”.

Los más presumieron tener todo cubierto, peeeero…

La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, ya empezó con los bloqueos de cuentas de empresarios y políticos poblanos por presuntos actos de lavado de dinero.

El gobernador Luis Miguel Barbosa confirmó que la Unidad revisa propiedades, inmuebles, negocios y todo aquella operación inmobiliaria en la zona de Angelópolis.

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Hacer, no prometer

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que qué bueno que se anuncie un programa de inversión conjunta entre el gobierno y la iniciativa privada para la generación de infraestructura.

Hoy como nunca hace falta que dinero productivo llegue a la economía nacional.

Qué malo que la pandemia haya reducido de manera importante el monto de los recursos originalmente considerados, de 431 mil millones de pesos, a 297 mil.

En lugar de las 72 obras anunciadas en noviembre pasado, únicamente 39 se mantienen.

El reto, sin embargo, será pasar del dicho al hecho.

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¿Acabar con la impunidad o discurso electoral?

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que pasemos a los hechos. Después de año y medio de acusaciones lo importante es que los señalamientos mediáticos comiencen a evolucionar, es decir, que se realicen las denuncias penales, inicien las investigaciones, lleven a los responsables ante la justicia y que en los casos donde existan evidencias, se ejerzan las sanciones correspondientes.

En Intolerancia Diario fuimos los principales denunciantes del morenovallismo, en nuestras páginas y links se encuentran evidenciados los excesos de Rafael y sus operadores. Si alguien quiere que se haga justicia somos nosotros porque lo hemos dicho y lo hemos documentado.

Pero la urgencia de pasar a la acción no se trata de un reclamo fundamentado en el rencor, es más una exigencia de la sociedad. El voto de confianza con el cual Morena arrasó en 2018 y repitió el triunfo un año más tarde fue precisamente porque los poblanos queremos que esas malas prácticas como la corrupción y el desvío de recursos dejen de ser el día a día en el servicio público.

Para romper con esa cultura tan enquistada necesitamos que se sancionen a los que fueron responsables, que se envíe un claro mensaje de que la impunidad ya no será el manto ni la moneda de cambio entre los gobiernos.

Aunque ese sería el mejor escenario, debemos ser realistas y entender que a los anteriores secretarios y operadores políticos se les acusa de robo, malversación de fondos, corrupción, cohecho, colusión, nepotismo y muchos delitos más, pero no de tontos por lo cual muy seguramente quienes firmaron las actas, los cheques y oficios no son los mismos a los que deberían poner tras las rejas o mínimamente inhabilitarlos.

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