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sábado, febrero 27, 2021

Proponen en Congreso de Puebla quitar prescripción de delitos sexuales

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Esimagen

La diputada Nora Merino Escamilla y el presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, presentaron iniciativa para anular la prescripción de delitos sexuales y castigar con hasta siete años de cárcel a quienes tengan conocimiento y no denuncien.

En sesión ordinaria virtual, la presidenta de la Mesa Directiva del órgano legislativo, Merino Escamilla, presentó la propuesta que pretende anular la prescripción de los delitos de pornografía de menores, ciberacoso, violación de la intimidad, abuso sexual, acoso, estupro, hostigamiento, violación, feminicidio y homicidio doloso.

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También, que quienes tengan conocimiento de la comisión de estos delitos y no los denuncien a las autoridades correspondientes podrán ser castigados con dos a siete años de prisión por omisión, pues la mayoría de estos hechos ocurren dentro del núcleo familiar o con personas cercanas.

Para ello, se propuso reformar el artículo 128 bis del Código Penal de Puebla, así como el 278 octies, toda vez que, en caso de ser aprobada, entraría en ejecución a partir del día siguiente, sin efectos retroactivos.

La integrante del Partido Encuentro Social (PES) agregó que se trataría de la primera propuesta en su tipo en ser aprobada en el país, por lo que se convertiría en un referente a nivel nacional; la iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su análisis.

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En ese tenor, el integrante del Nueva Alianza (NA), Gerardo Islas Maldonado, presentó otra iniciativa de reformar el artículo 278 bis del Código Penal, para perseguir los delitos sexuales por oficio, sin necesidad de denuncia, en cuanto las autoridades tomen conocimiento del acto.

Proponen crear juzgados indígenas

Por otra parte, la legisladora morenista, Tonantzin Fernández Díaz, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura y Derechos Indígenas, para crear juzgados indígenas conformados por jueces de las respectivas comunidades que representen, así como destinar recursos para otorgar salarios y oficinas, ya que los actuales carecen de apoyo gubernamental.

Señaló que deberán establecer foros para designar a los jueces, quienes deberán ser nombrados por los respectivos consejos de ancianos, con un cargo de seis años, a la vez que deberán ser bilingües y tener conocimiento de los usos y costumbres de la región.

También, que en cada juzgado deberá haber una consejera de mujeres que las represente, mientras que deberán establecerse intérpretes y peritos indígenas que intervengan en los juicios.

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