Irrita a Barbosa que sus abogados aún no puedan inculpar a Gali de algo concreto
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta reprochó este martes a varios de sus más cercanos colaboradores y funcionarios la falta de resultados concretos para enjuiciar por actos de corrupción a los principales funcionarios de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.
Testigos de la reunión, en la cual los abogados encargados de preparar las denuncias rindieron un informe del estado que éstas guardan, a partir de las investigaciones de la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, refieren que el gobernador se mostró molesto porque las denuncias aún no alcanzan a Gali Fayad y a otras prominentes figuras del morenovallismo.
Señalan que de mal modo e incluso dejando escapar algunas groserías urgió a los abogados, secretarios de gabinete y funcionarios presentes a denunciar por la vía penal y administrativa al ex presidente municipal y ex gobernador, así como a varios de los que fueron sus secretarios y colaboradores.
En este contexto no le extrañe que esta semana comiencen a ventilarse en medios de comunicación y columnas periodísticas algunos procesos ya iniciados contra el magistrado Jorge Benito Cruz Bermúdez, a su paso por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación y el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos; el ex secretario de Finanzas, Roberto Rivero Trewartha, y el ex director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Alfredo Ávila Salazar.
O contra el ex secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte de Gali, Xabier Albizuri Morett, o el ex secretario de Educación Pública, Ignacio Alvízar Linares.
Remueven a 6 jueces de paz en Ixtacamaxtitlán para favorecer a Almaden Minerals
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que desde hace 19 años en el municipio de Ixtacamaxtitlán existe un movimiento de resistencia en contra de los proyectos mineros Tuligtic e Ixtaca. El fin de semana se empezó de nueva cuenta a vivir un clima de tensión y violencia, ya que el presidente municipal Víctor Herrera Pozos, sin el consenso de las comunidades y sin cumplir con las normas, empezó un proceso para remover a seis jueces de paz de comunidades que corresponden a las áreas en donde se encuentran las minas de oro y plata que busca explotar la canadiense Almaden Minerals.
Ese movimiento se ha interpretado como un intento de remover a las autoridades comunitarias que han acompañado al movimiento de resistencia a la explotación a cielo abierto de abundantes yacimientos de oro y plata, que se buscan hacer a través de la filial mexicana Minera Gorrión.
El fin de semana el edil de ese municipio Víctor Herrera mandó un documento sin firma a los jueces de paz de las comunidades de Santa María, Zacatepec y Loma Larga para convocarlos a una reunión en la cual les comunicaron que llegó el periodo para que entreguen sus cargos y se elija a sus reemplazos. Ver foto adjunta.
Las tres comunidades en cuestión son donde curiosamente se asientan las minas de oro y plata que, desde el año 2014, pretenden ser trabajadas por Gorrión.
Al mismo tiempo se dio a conocer que en próximos días se hará lo mismo con los jueces de Tecoltemic, Tateno y la Unión, que son las comunidades colindantes a las minas.
¿Chamaquearon a Aréchiga?
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que hace un año, cuando el flamante secretario de Secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga, nos prometió que el aumento del pasaje tendría enormes beneficios para los poblanos y para los usuarios en general, hizo hincapié en que ahora sí las unidades serían seguras, que contarían con botones de pánico y videocámaras enlazadas al C-5 para monitorear en tiempo real, lo que sucedía arriba de microbuses, combis y camiones.
Los transportistas dijeron que tratarían de cumplir con las peticiones de la SMT y Aréchiga hizo como que supervisaban las unidades. Espectaculares fotografías mostraron algunas unidades en el estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc pasando revista. Una decena de boletines acusaban la sanción o hasta alguna que otra revocación de concesión.
Pero eso no bastó.
Lo dijimos desde el inicio. No existía ni voluntad por parte de los concesionarios ni interés del secretario por realmente dignificar el transporte público, garantizar los requerimientos técnicos para la conexión de casi 14 mil cámaras y menos por hacer cumplir a los firmantes con los acuerdos en beneficio de los usuarios.
Los asaltos al transporte público son la nota diaria; las rutas nocturnas que operaron algunos meses, desaparecieron; los operativos poco o nada han logrado pues las unidades que circulan en pésimas condiciones y con sobrecupo, continúan.