Los Servicios Médicos Forenses (Semefos) de Puebla, Sonora y Guerrero están identificados en la categoría “muy malos”, pues son los estados más preocupantes al no tener las capacidades suficientes para enfrentar un gran número de desapariciones forzadas.
Así lo señaló el estudio del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) denominado: Desapariciones forzadas e involuntarias. Crisis institucional forense y respuestas colectivas frente a la búsqueda de personas desaparecidas.
De acuerdo con el análisis, en Puebla y casi todo el país hay falta de personal especializado, pues se detectó que solo en los Semefo de Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca y Veracruz laboran patólogos forenses, mientras que únicamente hay arqueólogos en los de San Luis Potosí y Veracruz.
También se identificó que en Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas necesitan más cámaras de refrigeración para aumentar su capacidad de respuesta.
Mientras que no cuentan con el suficiente instrumental necroquirúrgico en Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas.
El ONC indicó que ante la crisis institucional forense, los colectivos de familiares de personas desaparecidas han tratado de cubrir los vacíos que ha dejado la respuesta tardía e ineficiente del Estado en la búsqueda y localización de sus seres queridos. Algunos ejemplos son: la Brigada Nacional de Búsqueda que nació por la iniciativa de la familia Trujillo Herrera en la búsqueda de cuatro de sus miembros que fueron desaparecidos entre 2008 y 2011 en Guerrero y Veracruz.
Respuestas ciudadanas a crisis forense
Señaló que otros ejemplos de respuestas colectivas ciudadanas son las investigaciones enfocadas a la búsqueda en vida de las personas desaparecidas, así como aquella dedicada al rastreo y localización de cuerpos o restos humanos en campo.
Asimismo, mapeos, uso de drones para rastreo de lugares, toma de fotografías para el señalamiento de zonas de posibles hallazgos Intercambio de conocimiento especializado por doble vía: de los colectivos a las autoridades y de los funcionarios especializados a los familiares.
También, alianzas con organizaciones especializadas en materia forense para adquirir el conocimiento que les permita verificar que el procesamiento e identificación de los restos localizados y exhumados se lleve conforme a proceso y la iniciativa ciudadana de la creación de un banco de ADN.
La investigación concluyó que la crisis forense no solo se debe a la cantidad de restos humanos sin identificar, sino a los métodos que utilizan los grupos delictivos para desaparecerlos. Esto ha alcanzado tal impacto, que el incremento de la violencia en el país representa un reto para las capacidades, recursos y procesos científicos del Estado.
Recalcó que existen más de 30 mil personas sin identificar en los servicios médicos forenses de todo el país y que también se desconoce el número exacto de personas que han sido víctimas de desaparición forzada e involuntaria.
En el caso de Puebla, recientemente el Colectivo Voz de los Desaparecidos realizó una protesta en el zócalo de Puebla en donde acusó que se carecen de una política pública para una “verdadera búsqueda” y de un registro estatal de víctimas.
Asimismo, datos de la Segob indicaron que hay 2 mil 998 desaparecidos en Puebla –48 por ciento son mujeres—, colocando al estado en la posición ocho a nivel nacional.
Cabe mencionar que en agosto pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se enviaría al Senado una iniciativa para aprobar la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en temas de desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos en México.