¿BID: democracia a la gringa // Gobiernos agachones la avalan
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que para nadie es un secreto que el salvaje de la Casa Blanca por el arco del triunfo se pasa todo tipo de acuerdos, convenios, consensos, tradiciones (léase pactos entre países o bloques de naciones) y conexos, y es usual que Donald Trump agarre vuelo y actúe como chivo en cristalería, tope donde tope. De ello ha dejado abundante constancia desde los tiempos electorales estadunidenses de 2016, algo en lo que, por si hubiera duda, ahora insiste ante sus ansias releccionistas.
Una de las más recientes tradiciones violentadas por el mandatario de EU es el nombramiento del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual –por medio de un acuerdo político fundacional– corresponde a las naciones latinoamericanas que conforman dicha institución financiera. Así había sido desde su fundación, en 1959. Desde entonces, cuatro fueron las cabezas visibles del BID: un chileno (Felipe Herrera), un mexicano (Antonio Ortiz Mena), un uruguayo (Enrique Iglesias) y un colombiano (Luis Alberto Moreno).
Pero a Trump las tradiciones y los acuerdos le valen y en la más reciente elección del presidente del BID (sábado pasado) impuso a otro energúmeno como candidato único, el ultraderechista Mauricio Claver-Carone, quien hasta días atrás fungió como director del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental en la Casa Blanca, es decir, como el sicario oficial contra Cuba, Venezuela y todo aquel país que ose llevarle la contraria. Algo así como un Oliver North sin uniforme militar, aunque con las mismas prácticas execrables. Y la mayoría de los agachones gobiernos regionales votaron a favor.
Entre otras gracias, Claver-Carone fue, también por imposición de Trump, director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, y durante su paso por esa institución financiera fue uno de los responsables de otorgar un mega crédito al gobierno de Mauricio Macri (alrededor de 60 mil millones de dólares), con la intención de lograr la relección del miserable empresario, pero lo único que consiguieron fue hundir económicamente al país austral y una derrota aparatosa en las urnas.
El problema en el BID, como en el FMI y el Banco Mundial, es la democracia institucional –impuesta por Estados Unidos, desde luego–, pues el poder de voto de los países participantes depende de los aportes financieros.
Edomex: represión a protestas y periodismo
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que en las primeras horas del viernes recién pasado se produjeron varios actos violatorios de derechos humanos en el Estado de México. No es que en esta demarcación sea inusual la realización de esas violaciones (por definición, provenientes de abuso de poder de las autoridades); en realidad son frecuentes, casi institucionalizadas, hora tras hora en esa entidad federativa de injusticia cotidiana.
La peculiaridad de este caso es tan lamentable como la poca difusión que a fin de cuentas ha recibido. Resulta que quienes horas atrás habían tomado las oficinas de la visitaduría regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codehm), en protesta por la violencia contra las mujeres y la virtual impunidad sistemática de esos hechos, sufrieron un violento desalojo por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado de México, que dijo haber actuado a petición de la citada Codehm, aunque el titular de esta comisión, Jorge Olvera García, trató de diluir su grado de responsabilidad, al aducir que solo había pedido “medidas precautorias” a la fiscalía estatal. Olvera García, por cierto, fue rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y su nombre es uno de los señalados como artífices de maniobras corruptas en el esquema conocido como Estafa Maestra.
A diferencia de lo que ha sucedido en la Ciudad de México, donde un grupo de mujeres mantiene tomadas las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin que Rosario Piedra pida “medidas precautorias” o se produzca alguna incursión policiaca violenta, en el Estado de México se ordenó el inmediato desalojo de quienes se sumaban a la protesta en la capital del país y pretendían exponer la crítica situación de las mujeres en esa entidad.
En el desalojo hubo golpes, amenazas y maltrato en general y, luego que las personas involucradas en la toma de Ecatepec fueron llevadas a un “centro de justicia” en Atizapán, continuó la agresión contra familiares y activistas que deseaban conocer la situación de las detenidas y también contra unas quince periodistas que tomaban fotografías, videos y notas de lo que acontecía. Les lanzaron palos, piedras, bancas de metal, equipo para extinguir incendios, insultos y amenazas. Periodistas que a bordo de un vehículo se movían del lugar fueron atacados por policías que con armas largas rompieron vidrios del automóvil.
Pero, a pesar de todo (con el desgobernador Alfredo del Mazo jugando a Poncio Pilatos), en esa entidad se pretende que el paso del tiempo haga olvidar las violaciones a los derechos humanos y la comisión de delitos por parte de policías de la fiscalía a cargo de Alejandro Gómez Sánchez. El diputado morenista, Julio Hernández Ramírez, aseguró que en el Estado de México hay más de 7 mil 500 personas desaparecidas, más de 80 feminicidios registrados este año y un aumento del 17% en las llamadas por violencia contra mujeres (https://bit.ly/2E0BvRq ). También dijo que lo sucedido “es una vergüenza y cinismo para los mexiquenses”.
Autoridades electorales bajo fuego
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que en un adelanto de lo que será el año electoral 2021, con toda su rudeza e intensidad en la lucha por el poder, apenas lleva una semana de iniciado el proceso comicial en marcha y los árbitros y juzgadores electorales enfrentan una andanada de ataques, denuncias y descalificaciones de los actores políticos. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resisten el embate de dirigentes y partidos políticos, que descalifican con visceralidad a las autoridades cuando estas aplican la ley y sus fallos no favorecen a sus intereses.
De un lado está el INE, que además de haber tenido que aguantar una embestida permanente desde la Presidencia de la República, ahora se enfrenta también a la diatriba y la descalificación de los opositores al sistema, a los que les negó registro como partidos políticos.
Y ahora, las baterías políticas se enfocan hacia el Tribunal Electoral, cuyos magistrados tendrán que resolver no solo las impugnaciones a las negativas de registro de partidos, sino los muchos recursos de impugnación y quejas que genera Morena que, con sus constantes pleitos internos y su incapacidad de llegar a acuerdos, se ha convertido no solo en un generador constante de denuncias y casos, sino también en una fuente de tensión y ataques contra el trabajo de los magistrados.
En este fin de semana, a la máxima instancia electoral le dispararon desde dos frentes: por un lado el diputado Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, lanzó una grave acusación de “sobornos multimillonarios” a cambio de fallar a favor de varios recursos de impugnación interpuestos por sus propios compañeros morenistas; y por otro lado el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala presentaron sus impugnaciones en contra de la decisión del INE de negarle el registro a México Libre.
En el caso de Morena, se trata de cinco recursos de impugnación que, por decisión del presidente del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, fueron pospuestos para discutirse y resolverse esta semana, bajo el criterio de optimizar la resolución de los casos previos, según el acuerdo general 6/2020 que le otorgó esa facultad al magistrado presidente para ordenar y optimizar los tiempos y casos de discusión urgente para eficientar el desempeño del Tribunal.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Espaldarazo. Con total tranquilidad observa Andrés Manuel López Obrador el transitar de la Ciudad de México en manos de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno. El primer mandatario expresó que se preocupa “poco” por la capital del país, porque “Claudia me ayuda a resolver los problemas de la ciudad… me aligera la carga que llevo como gobernante. Nos representa con mucha dignidad, es una jefa de Gobierno eficiente y honesta”, puntualizó. Y no es para menos, pues ella es una de las funcionarias que ha puesto en alto a la Cuarta Transformación. Al acompañar a Sheinbaum y a Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, en la inauguración de la primera etapa del Parque Cuitláhuac, el Presidente anunció que el legendario problema de escasez de agua se está atendiendo. Si así estuviera el resto del país…
2. Bon appétit. No paran las afrentas contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo que debería atender a las víctimas, pero que las abandona. Las integrantes del colectivo Ni una Menos repartieron los cortes de carne que se encontraron en refrigeradores de las oficinas de la CNDH del Centro Histórico de la CDMX. Yesenia Zamudio, dirigente del colectivo, salió del inmueble con charolas de carne congelada halladas en las alacenas, mientras que otras activistas sacaron el sillón de la titular, Rosario Piedra Ibarra, para dejarlo tirado en la calle. “Esa señora es una traidora, no ha hecho nada. En ese puesto debe estar alguien que no pertenezca a un partido político, pero ella es de Morena”, afirmó Zamudio. El tema está tocando fondo; esta semana es crucial. Piedra se va o se queda.
3. Sentadito en casa. El PAN presentará ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por omisiones y negligencia en la atención y desempeño de la estrategia nacional contra la pandemia provocada por covid-19, informó Marko Cortés, líder del blanquiazul. Afirmó que “no se tomaron las precauciones para capacitar al personal en todo el sistema de salud público para brindar la atención adecuada a las personas enfermas de coronavirus, ni mucho menos se les entregó el equipo adecuado de protección. Esto es negligencia y ha costado la vida de miles de personas, al igual que ha afectado la salud de muchas otras”. ¿Cuál de los panistas lo habría hecho mejor?